Un informe de la Dirección General de Policía de la Generalitat catalana incluido en el sumario del ‘caso Montoro’ relaciona el incremento de las primas relativas al servicio de interrumpibilidad con las elecciones gallegas de 2012.

En concreto, el informe, que recoge Europa Press, analiza las modificaciones normativas que afectaron a las eléctricas, «para hacer constar, sintéticamente, las vicisitudes que acompañaron los cambios legislativos que afectaron a las empresas eléctricas, durante el período en que se desarrollaron los acontecimientos investigados».

En el apartado relativo a la Ley 15/2012, de 27 de diciembre, de medidas fiscales para la sostenibilidad energética, la Policía de la Generalitat señala que «parece ser que la aprobación de esta norma generó conflictos entre los Ministerios de Industria y Hacienda, ya que, por primera vez, se establecía que una parte del déficit tarifario generado por la producción eléctrica fuera sufragado con dinero público».

Recuerda que el proyecto de ley «fue objeto de multitud de propuestas de veto y enmiendas» y, de entre todas, destaca la presentada por el grupo Izquierda Plural, que fue justificada por Laia Ortiz.

«Hay que tener en cuenta que este debate se producía mientras se llevaba a cabo la campaña electoral por las elecciones al Parlamento de Galicia del año 2012», advierte el informe.

Y cita una intervención de Laia Ortiz que «hacía referencia al hecho que la propuesta del Gobierno de la nación de subir las primas por interrumpibilidad obedecía al interés por compensar a la industria gallega».

«Sobre este particular, el diario ‘La Voz’ publicaba una noticia donde identificaba a ocho grandes industrias gallegas, entre ellas Ferroatlántica, Megasa, SGL Carbón, Finsa, Elnosa, Celsa Atlántica y Alcoa como beneficiarias de unos 50 millones de euros en primas por el servicio de interrumpibilidad», recoge el documento policial incluido en el sumario.

A mayores, indica que durante la tramitación de esta norma fueron aprobadas las enmiendas presentadas por el grupo del PP y una de las presentadas por el grupo del PNV, relativa a tasas para la importación de electricidad de Europa.

«En algunas de las intervenciones, diversos grupos políticos aludían a que la reforma energética se había convertido en una ley de Montoro, ya que lo que hacía era recaudar nuevos impuestos. También se criticó el aumento del tipo impositivo de un 6 a un 7 por ciento y la subida de gastos por la interrumpibilidad. En fecha 2 de enero de 2013 el Congreso de los Diputados aprobó definitivamente el texto», expone.

«INNECESARIOS LOS PAGOS POR INTERRUMPIBILIDAD»

En el informe, la Dirección General de Policía de la Generalitat catalana se refiere al servicio de interrumpibilidad, «una herramienta de gestión de la demanda para dar una respuesta rápida y eficiente a las necesidades del sistema eléctrico de acuerdo a criterios técnicos (de seguridad del sistema) y económicos (de menor coste para el sistema)».

Así, en el estudio de otras reformas normativas, como la correspondiente al Real Decreto Ley 9/2013, de 12 de julio, por el que se adoptan medidas urgentes para garantizar la estabilidad financiera del sistema eléctrico, recoge críticas de la diputada por el grupo mixto Teresa Jorda i Roura, quien pedía una «auditoría sobre la globalidad del déficit de tarifa, como los costes de interrumpibilidad o el pago por capacidad, que son dos conceptos que pagamos todos para beneficio, nuevamente, de cinco grandes empresas».

«Cuestionaba así el hecho de que algunos de los pagos que influían en el déficit de tarifa y que beneficiaba a unas pocas empresas, se repercutiera a los consumidores», indica el informe.

En el epígrafe acerca de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del sector eléctrico, recoge que «(…) las críticas se centraron en la retroactividad de algunos puntos de la ley, en el aumento de presupuesto destinado a la interrumpibilidad del servicio eléctrico y a la enmienda antes expuesta que fijaba un déficit de 3.600 millones, contraviniendo totalmente el espíritu de la legislación realizada por el PP hasta el momento, cuyo objetivo era acabar con el déficit tarifario».

En este extremo, apunta «la circunstancia» de que senadores que se mostraron críticos «hicieron referencia a la patronal UNESA» y al hecho de que los investigadores detectaron pagos de ésta a Equipo Económico, la consultora que fundó el exministro Montoro.

Más adelante, el informe agrega que «otro hecho que llama la atención en el contexto antes mencionado fue el cambio de criterio del Gobierno en relación a las primas por interrumpibilidad del servicio de que se venían beneficiando algunas de las principales consumidoras de energía».

Destaca que «mientras que el país atravesaba una de sus mayores crisis económicas, que obligaba a un esfuerzo fiscal generalizado y limitaba el gasto público, y a pesar que en el preámbulo del Real Decreto 13/2012 se reflejaba que la sobrecapacidad del sistema hacía innecesarios los pagos por interrumpibilidad (que representaban algo más de 500 millones al año), a través de la Ley 15/2012, el Gobierno del PP incrementaba en un 70% los pagos por este servicio destinados a las grandes empresas consumidoras de energía».

«Algunas de estas grandes consumidoras de energía también constan como clientes de Equipo Económico», incide.