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Pontón reclama en Lugo «tolerancia cero ante la corrupción» y exige investigar «hasta las últimas consecuencias»

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La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha reafirmado este martes en Lugo la postura «clara y firme» de su formación de «tolerancia cero frente a la corrupción» y ha lanzado un llamamiento a la ciudadanía para que no caiga «en el desánimo».

«Eso es exactamente lo que buscan quienes entienden la política como un medio para beneficiarse del dinero público», ha señalado durante un acto en Lugo, con motivo del balance de dos años de cogobierno junto al teniente de alcalde, Rubén Arroxo.

Pontón ha defendido que «sí es posible hacer política de otra manera, alejada del clima de crispación y enfrentamiento permanente» que, a su juicio, domina la política estatal. «No podemos permitir que se imponga el desánimo ni que se desprestigie lo público», ha advertido, subrayando que el BNG lleva más de 40 años gobernando en distintos ámbitos «sin una sola condena por corrupción».

La líder nacionalista ha denunciado que la corrupción se ha convertido en un problema estructural en el sistema político español, que no solo salpica al bipartidismo tradicional, «sino también a la Corona y a sectores empresariales que se benefician de este tipo de prácticas, lo que daña gravemente la democracia y la credibilidad de las instituciones».

«Estas prácticas resultan repulsivas y deben ser combatidas con toda la contundencia», ha afirmado. No obstante, Pontón ha insistido en que no es momento de rendirse: «Tenemos que seguir defendiendo una política honesta, centrada en las personas, frente a quienes utilizan el poder para hacer negocios privados con lo que pertenece a todos».

«MEDIDAS REALES Y EFICACES»

A su juicio, no basta con cesar a un alto cargo ni con pedir perdón: «Hay que tomar medidas reales y eficaces para evitar que estas situaciones se repitan una y otra vez en cada legislatura». En este sentido, ha recordado que el BNG ya ha solicitado la comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Congreso, así como una auditoría externa sobre los contratos del Ministerio de Transportes.

«Y si esa auditoría detecta irregularidades, que se pongan inmediatamente en conocimiento de la Justicia y se llegue hasta las últimas consecuencias», ha pedido, subrayando la necesidad de asegurar que los recursos públicos se gestionan con legalidad y sirven para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía.

Sobre el reciente informe de la UCO conocido la semana pasada, que ha calificado «de extrema gravedad», Pontón ha insistido en que hay que llegar hasta el final en las investigaciones. «La justicia tiene que actuar con firmeza, caiga quien caiga», ha recalcado, y se ha mostrado especialmente tajante al condenar los hechos descritos: «Es intolerable que se repartan comisiones ilegales o que se trate a las mujeres como mercancía».

«LECCIONES» DEL PP

Pontón ha insistido en que la posición del BNG frente a la corrupción ha sido siempre clara: «Tolerancia cero y actuación judicial inmediata ante el menor indicio». Y ha lanzado un mensaje directo al PP: «No aceptaremos lecciones de ética de nadie, y menos de un Partido Popular que ha sido condenado por corrupción y que acumula más de 30 causas abiertas actualmente en el Estado».

«El PP es el único partido de Europa condenado por financiación ilegal», ha recordado, calificando de «insólito» que ahora intenten erigirse en ejemplo de buena gestión. «Lo que nos faltaba es que el PP venga a darnos lecciones de honradez, cuando ha sido condenado por corrupción», ha sentenciado.

Desde el BNG, ha incidido, se seguirá «defendiendo la máxima transparencia y una gestión pública ética, porque es lo mínimo que merecen Galicia y su gente».

CRÍTICAS A ALFONSO RUEDA

Por otra parte, Pontón también se ha referido de forma directa a la actitud del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, a quien ha acusado nuevamente de encubrir durante meses a su conselleiro do Mar, pese a estar denunciado por agresión sexual.

Además, ha criticado las ‘puertas giratorias’ del Partido Popular y su papel a la hora de poner a la Xunta «al servicio de intereses privados del sector eléctrico y minero», así como su apoyo a proyectos altamente cuestionados como el de Altri, al que calificó de «bomba ambiental».

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