El Parlamento de Galicia ha instado a la Xunta, por unanimidad después de una iniciativa del PPdeG, a que se dirija a la Mesa del Congreso para que «ponga fin a la actitud obstruccionista» y permita avanzar en la tramitación final en Pleno de la proposición de ley orgánica de transferencia a Galicia de la titularidad de la autopista AP-9.

En el Pleno del Parlamento gallego, el diputado popular Roberto Rodríguez ha denunciado que, con la última prórroga de esta mañana de martes, ya son 33 en lo que va de legislatura de presentación de enmiendas a la proposición de ley aprobada por unanimidad en el 2023 por cuarta vez en el Parlamento gallego, «48 (veces) desde que Sánchez es presidente», cifra. «Esto es una vergüenza», clama

Denuncia que es «inexplicable e injustificable» este bloqueo que achaca a una «ansia» de «humillar» y «castigar injustamente» a Galicia.

Así, el popular censura el «permanente agravio del Gobierno de Sánchez a negar la transferencia», lo que «ocurre con la entusiasta colaboración de los socialistas gallegos», al tiempo que ha dicho al BNG que «debe retirar inmediatamente su apoyo a este Gobierno».

Durante el debate, Paulo Ríos (BNG) le ha espetado al PP las veces que la popular Ana Pastor «vetó» este debate en la Mesa del Congreso. Sostiene que a PP y PSOE «no les importa la AP-9», «ni a unos ni a otros». Asegura que el Bloque es la única formación que «forzó el brazo al Gobierno central» para que se pusieran en marcha bonificaciones.

Asimismo, Carlos López Font (PSdeG) ha cargado contra Rodríguez, «el encubridor de Aznar», pues recuerda que el expresidente popular «amplió y privatizó la concesión» hasta 2048. «Los únicos que tienen mucha caradura son ustedes para hablar de la AP-9», recrimina. «No sé cómo no le da vergüenza», agrega.

RECLAMACIONES FERROVIARIAS

Otro acuerdo impulsado por el grupo mayoritario popular –con apoyo del BNG y abstención del PSdeG– insta a la Xunta a demandar al Gobierno que se reponga, «sin más dilación», todas las frecuencias ferroviarias suprimidas durante la pandemia. También se demanda un plan de contingencia que evalúe las causas y soluciones para las «frecuentes incidencias» en trenes.

Igualmente, la proposición no de ley aprobada emplaza a planificar inversiones y obras para dotar a Lugo y Ferrol de AVE. Finalmente, el Parlamento exige «cesar en la discriminación» a Galicia en las políticas de venta anticipada de Renfe para que los usuarios gallegos puedan comprar billetes con un plazo superior a los cuatro meses de antelación.

Gonzalo Trenor (PPdeG) advierte de que en el último mes «todo fue a peor» en el servicio ferroviario. Sobre este extremo, ha enumerado la «decadencia y precariedad» del servicio, con inversiones pendientes, falta de oferta de plazas y frecuencias, «incumplimiento de horarios» y «averías constantes».

Sin embargo, Paulo Ríos (BNG) ha coincidido en que «hay muchos problemas» en materia ferroviaria en Galicia, al igual, según expone, que con el transporte por autobús que depende del Gobierno gallego.

Carlos López Font (PSOE) ha tachado a los populares de «apóstoles del catastrofismo», además de acusarlos de una «ocultación» de los problemas del transporte por carretera que depende de la Xunta.

SIN ACUERDO EN APOYO A DEPENDIENTES

Por otra parte, en este Pleno no ha salido adelante una proposición no de ley del PSdeG en la cual se requieren medidas a la Xunta para aquellas personas mayores en lugares donde no haya una red de apoyo familiar ante el envejecimiento para paliar los problemas por dependencia. Asimismo se pedía relacionar estas medidas con servicios de proximidad a través de programas de alerta y prevención.

La votación de esta propuesta ha provocado un debate de varios minutos en busca de un acuerdo que no ha llegado. El hecho es que el PSdeG ha aceptado sendas enmiendas presentadas por PPdeG y BNG, pero no ha aceptado una votación por puntos que pedían los populares para aprobar el texto enmendado con su parte y sin incluir lo relativo al Bloque (que daba dos días para entregar al Parlamento la estrategia gallega contra la soledad).

El presidente del Parlamento, Miguel Santalices, ha consultado con el letrado, quien le ha dicho que no es una transacción sino un texto con dos enmiendas (de PP y BNG), por lo que «si uno de los grupos no quiere votarla, tiene que retirarla». «Yo soy medico, voy a hacerle caso al letrado que es el que sabe de esto», ha expresado el titular del legislativo.

El portavoz popular, Alberto Pazos Couñago, ha afirmado que su enmienda se aceptaba en unos términos que no permitían «aportaciones a mayores» de otros gruposs. Tras varias tomas de la palabra y consultas al letrado, el diputado del PP, visiblemente enfadado, ha zanjado la cuestión con que su grupo decidía retirar la enmienda y ha anunciado que, «a partir de ahora», no apoyarán ninguna posibilidad de acuerdo que «no sea formulada por escrito».

Previamente, Silvia Longueira (PSdeG) ha afeado que la Xunta anuncia 145 millones para una estrategia contra la soledad, pero no se sabe «en qué se van a gastar» y «todo viene cogido por pinzas». Lamenta que medidas como un teléfono de atención no abordan las «causas estructurales», tales como la pobreza o los «recortes en dependencia».

Al respecto, Raquel Arias (PPdeG) expone que la petición que hace esta propuesta socialista «ya se está haciendo» en la estrategia contra la soledad. Además, ha alertado de un «intolerable recorte» de aportaciones del Gobierno a Galicia para la dependencia, lo que contrasta con un «acuerdo bilateral» del Ejecutivo central para pagar al País Vasco el 50% que fija la ley.

PROPUESTA POR LA LENGUA GALLEGA RECHAZADA

Por otra parte, el PP ha denegado una propuesta del BNG que pedía un cronograma para acciones incluidas en el plan de normalización lingüística, así como constituir una mesa de diálogo para un nuevo decreto en el curso 2025-26 que derogue el actual del plurilingüismo.

La diputada nacionalista Mercedes Queixas ha denunciado la «emergencia lingüística» que vive el idioma gallego debido a la política «lesiva» del PP durante sus 16 años en la Xunta.

Alerta de que la situación está «peor» que cuando el PP entró en el Gobierno gallego en 2009, para lo cual se ha valido de los últimos datos del Instituto Galego de Estatística que arrojan que uno de cada tres niños no sabe hablar nada o casi nada en gallego. Una cuestión que achaca a que el decreto del plurilingüismo, fruto de una ideología «reaccionaria», ha dado lugar a la generación que «menos gallego sabe hablar».

Queixas apela al PP a que escuche a las miles de personas que se manifestaron el pasado 17 de mayo, Día das Letras Galegas, para demandar un «tiempo nuevo» para la lengua y pedir al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, que «deje de gobernar en contra del gallego».

La diputada socialista Silvia Longueira ha apoyado esta propuesta ante la necesidad de «seguir dando pasos adelante» con propuestas como un cronograma para un plan de normalización que está «congelado».

En cambio, José Luis Ferro (PP) ha explicado la negativa de su grupo a esta propuesta que califica de: «Un intento más de convertir nuestra lengua en un campo de batalla político».

Defiende el pacto por la lengua impulsado por la Xunta, que ve «libre de confrontaciones partidarias». Acusa al Bloque de que «se cree con derecho exclusivo de cómo y cuándo» se debe «hablar el gallego».

En otro orden de cosas, el PPdeG también ha rechazado otras propuestas de la oposición que pedían: un decálogo por una alimentación de proximidad en la compra pública alimentaria (del BNG); así como acciones para el desarrollo de un plan de infraestructuras verdes (del PSdeG).