El BNG reclamará en el Congreso que se regule jurídicamente la relación laboral entre las personas asistentes personales y las personas con discapacidad, para establecer con claridad los derechos y obligaciones de ambas partes. La iniciativa nacionalista será debatida en la Cámara Baja el jueves, en la Comisión de Discapacidad.

Según ha señalado el diputado Néstor Rego, es necesaria una norma específica que ponga fin al actual vacío legal, y evite el «encaje forzado» de la figura de la persona asistente personal en otras categorías laborales «que no corresponden a la realidad de su trabajo».

Al respecto, ha apuntado que la asistencia personal «no es equiparable al trabajo doméstico ni tampoco al trabajo autónomo», y se trata de una relación laboral con características propias que deben ser reconocidas y reguladas. «Estamos ante una herramienta fundamental para garantizar el derecho de las personas con discapacidad a una vida autónoma, por lo que requiere seguridad jurídica, tanto para quien recibe la asistencia como para quien la presta», ha señalado el diputado del BNG.

Según ha explicado Néstor Rego, la actual prestación económica de asistencia personal está diseñada para facilitar la contratación de estos asistentes, pero la relación que se establece «ni con el régimen de empleo del hogar familiar ni en el del trabajo autónomo, creando un escenario de inseguridad e indefinición jurídica».

Esta situación deriva en prácticas como la inscripción forzosa de las personas asistentes personales en el Régimen Especial de Autónomos, a pesar de que existe una clara relación de dependencia y dirección por parte de la persona contratante.

Por todo ello, ha subrayado que «es urgente avanzar hacia una regulación específica que reconozca las particularidades de la asistencia personal», que va más allá del ámbito doméstico, e implica acompañamiento y apoyo en todos los aspectos de la vida cotidiana.

El BNG propone que la nueva regulación parta de la fórmula del contato indefinido, garantizando estabilidad y derechos laborales básicos para las personas trabajadoras, así como un marco de actuación seguro para las personas con discapacidad.

MEJORAS EN LA LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA MACHISTA

Por otra parte, la senadora del BNG, Carme da Silva, ha registrado diversas iniciativas para reclamar al Gobierno la aplicación de todas las medidas necesarias para mejorar la lucha contra la violencia machista, a raíz de la publicación del Informe sobre Víctimas Mortales de Violencia de Género y Doméstica en el ámbito de la pareja o expareja de 2024.

Según ha destacado Silva, los datos, «sobre todo en Galicia», son «alarmantes» y urge a implementar y desarrollar todas las medidas aprobadas en la renovación del Pacto de Estado, dotándolas de los recursos necesarios.

«En 2024, 48 mujeres fueron asesinadas en todo el Estado, cinco de ellas en Galicia. Esto supone más de un feminicidio por semana. Una barbarie insoportable que no puede ser asumida con resignación, sino que debe provocar reacciones políticas firmes y con recursos suficientes», ha advertido la senadora.