La Plataforma en Defensa da Ría de Arousa (PDRA) y la Asociación para la Defensa Ecolóxica de Galicia (ADEGA) han anunciado el inicio de los trámites para llevar al juzgado la autorización ambiental de la Xunta al proyecto que la pastera lusa Altri quiere instalar en Palas de Rei (Lugo).
«Hoy empezamos otra travesía, bajo el lema ‘Justicia para el río Ulla’, con la que llegaremos a puerto cuando Altri desestime instalarse en la cabecera del río Ulla», ha señalado este viernes en rueda de prensa el vicepresidente de PDRA, Alfredo Otero.
Desde Adega han detallado que, aunque los trámites administrativos del proyecto todavía no están finalizados y faltan algunos permisos que son necesarios para su instalación, las «irregularidades» en la tramitación del proyecto y, «particularmente en la concesión de Augas», ha hecho que las organizaciones tomen la vía de la justicia.
Por ello, han anunciado que presentarán un recurso de alzada, condición previa al contencioso judicial, por el «silencio administrativo» de Augas de Galicia a la solicitud para archivar el expediente de concesión de agua del río Ulla, para el uso industrial que solicitó Greenfiber.
En este sentido, han explicado que en la tramitación de la concesión de aguas solicitada por Altri, el Reglamento del Dominio Público Hidráulico fija un plazo de 18 meses para resolver y transcurrido ese tiempo la solicitud se entiende como desestimada.
Es en este punto donde Adega ha detallado que el procedimiento comenzó, con el inicio del trámite de competencia, sobre el 30 de noviembre de 2022, cuando el Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña publicó la apertura del trámite de competencia de proyectos de la solicitud.
Ante esto, Adega y PDRA solicitaron, en febrero, a la Directora de Augas de Galicia que declarase «la caducidad» del procedimiento. «A día de hoy y tres meses después no recibimos la resolución expresa», ha detallado el secretario técnico de Adega, Fins Eirexas.
La petición quedó rechazada por silencio administrativo y, ahora, ambos colectivos recurren en alzada y han avanzado que, «frente a un eventual nuevo silencio o desestimación derivará en una demanda por la vía contencioso-adiministrativa».
