El Pleno del Congreso decidirá el próximo martes si tramita la reforma del Reglamento del Congreso impulsada por el PSOE y la mayoría de sus aliados parlamentarios con el objetivo de regular la renovación de las credenciales de los informadores que concede la Cámara e introducir un régimen sancionador para aplicarlo a las personas acreditadas que perjudiquen la actividad de la institución o el trabajo de otros representantes de los medios de comunicación.

Con este texto, recogido por Europa Press, PSOE, Sumar, ERC, Junts, Bildu, PNV, BNG y Coalición Canaria, dan respuesta a las peticiones cursadas por diferentes colectivos de periodistas que han solicitado a la Cámara medidas para «evitar comportamientos inaceptables en el ejercicio del periodismo». Podemos no ha firmado la proposición de ley, pero sí ha anunciado su adhesión y, por tanto, apoyará su tramitación.

Los grupos recalcan que esto no conllevará «en absoluto, limitar, restringir o menoscabar el derecho de los medios de comunicación de obtener y difundir información veraz para la ciudadanía». Su objetivo, según ha explicado el socialista Patxi López, son los «activistas de ultraderecha» que asisten a ruedas de prensa.

El Reglamento del Congreso, que data de 1982, contempla que la Mesa de la Cámara regule la concesión de acreditaciones a representantes de los medios, pero con la reforma tendrá también que regular el procedimiento para la renovación de las mismas y fijará «los requisitos que resulten exigibles atendiendo a la necesidad de respetar el derecho a la información veraz y el buen funcionamiento de la Cámara».

«Entre los criterios para la renovación de credenciales se tendrá en cuenta, en todo caso, la existencia de anteriores vulneraciones de lo dispuesto en este artículo, así como de las directrices y acuerdos de la Mesa», reza la proposición de ley, registrada el pasado mes de marzo.

UN CONSEJO CONSULTIVO PROPONDRÁ SANCIONES

También prevé la creación de Consejo Consultivo de Comunicación Parlamentaria del que formarán parte un miembro de cada grupo parlamentario y representantes de los colectivos profesionales en el ámbito de la información. Su misión será proponer la adopción de sanciones cuando se inicie un procedimiento contra un informador acreditado, aunque la última palabra la tendrá la Mesa de la Cámara.

Se obligará a los informadores acreditados a respetar «las reglas de cortesía parlamentaria» y las directrices de la Mesa, nadie podrá realizar grabaciones sin estar acreditado y los grupos podrán designar a una persona que coordine sus encuentros informativos, que será la encargada de dar instrucciones «al efecto de garantizar el orden en estos encuentros».

En este contexto, habrá sanciones para quienes incumplan esta normativa y las reglas de cortesía y se establece una categorización de infracciones leves, graves o muy graves, con sus correspondientes castigos, incluida la suspensión de las credenciales por un tiempo determinado o incluso su revocación definitiva.

APERCIBIMIENTO O RETIRADA DURANTE DIEZ DÍAS

Según la propuesta, se considerará infracción leve omitir información requerida en la solicitud de la credencial y acceder sin autorización a espacios ajenos de los acotados para los representantes de los medios. Estos comportamientos darán lugar a un apercibimiento y, en su caso, a la suspensión de la credencial hasta diez días hábiles.

Las infracciones graves serán: dar información falsa al pedir la credencial; grabar de imágenes o audios sin autorización de la Cámara o en espacios no habilitados; acceder a espacios reservados (despachos o zonas de reunión) sin autorización; interrumpir el orden de las ruedas de prensa o encuentros informativos; no respetar las instrucciones del personal de la Secretaría General; publicar en medios y redes sociales imágenes obtenidas en contra de la normativa aplicable u «otros comportamientos que perjudiquen la actividad de la Cámara o el trabajo de otros representantes de los medios».

También se considerará infracción grave cuando las leves se produzcan en más de dos ocasiones «o de modo que se perjudique de manera grave el normal funcionamiento de la Cámara». La sanción por estas infracciones será la suspensión de credencial entre diez días y tres meses.

INSULTOS Y DESCALIFICACIONES

Y si se incurre en infracción muy grave, se quitará la credencial entre tres meses y cinco años o definitivamente. Entre estas infracciones figuran incluir información falsa en un elemento «esencial» de la solicitud de la credencial; la falta de respeto o a las reglas de cortesía frente a otras personas en el seno del recinto parlamentario y zonas de acceso al mismo y proferir «insultos, descalificaciones o atentar contra la dignidad de otras personas en el seno de la Cámara y en los accesos a la misma».

También serán infracciones muy graves grabar imágenes o audios con «dispositivos ocultos» o en los despachos de los diputados o las zonas reservadas a los grupos; grabar imágenes o sonidos que contengan datos de carácter personal o vulneren la intimidad de las personas; interrumpir el orden de las sesiones parlamentarias o «cualesquiera comportamientos que perjudiquen gravemente la actividad de la Cámara o el trabajo de otros representantes de los medios de comunicación».

Además, las infracciones graves que se hubieran producido en más de dos ocasiones o de modo que se perjudique de manera muy grave el normal funcionamiento de la Cámara, también serán consideradas muy graves.

La reforma especifica que la sanción se impondrá al representante del medio de comunicación que lleve a cabo la infracción, que podrá ser sustituido por su empresa si ésta es leve. Pero si es grave o muy grave el medio quedará sin persona acreditada durante el tiempo que dure el castigo.

«No obstante, si la infracción se refleja en una publicación en un medio de comunicación que no indica la autoría, se suspenderán todas las credenciales vinculadas a dicho medio de comunicación por un tiempo de entre seis meses a tres años», reza la propuesta.

VOTO TELEMÁTICO PARA CUIDAR FAMILIARES

Por otra parte, esta reforma incluye la ampliación de los supuestos en los que los diputados pueden solicitar el voto telemático para que puedan hacerlo cuando tengan que atender a familiares cercanos o cuando se produzca su fallecimiento. El objetivo, reza el texto, es «poder compatibilizar el ejercicio del cargo con situaciones de evidente, grave y excepcional trascendencia».

Además, podrán votar a distancia, siempre que lo autorice la Mesa, como en el resto de casos, quienes tengan que acudir a citas médicas por procesos de reproducción asistida.