La diputada del Grupo Popular Carmen Pomar, acompañada del concejal del PP, Adrián Villa, han exigido este sábado a la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín (BNG), «una explicación urgente sobre la contratación de una empresa privada para el traslado de los asistentes a la Asamblea de Ciudades Patrimonio de la Humanidad, despreciando los servicios de los taxistas de la ciudad a pesar de haber amenazado con multas a las empresas que osasen hacer transportes urbanos».

Según informa el PP en un comunicado, Carmen Pomar y Adrián Villa se reunieron con representantes del colectivo de taxistas de Santiago con el objetivo de conocer sus preocupaciones y problemas para desarrollar su trabajo en la ciudad, así como las medidas que consideran necesario poner en marcha para mejorar la prestación de este servicio, tanto a compostelanos como a visitantes.

En el encuentro, según los populares, los taxistas mostraron su malestar «por la falta de transparencia y coherencia por parte de la alcaldesa de Santiago a la hora de dar una explicación sobre la contratación de 29 desplazamientos por parte de un servicio privado».

«El problema no solo es que la alcaldesa huye de dar una respuesta a las preguntas que están sobre la mesa, sino que al mismo tiempo está mintiendo para intentar justificar esta contratación», ha esgrimido Pomar.

La diputada popular ha lamentado «el caos del servicio de transporte público que sufren a diario los compostelanos y los turistas, derivado de una incompetencia manifiesta por parte de los responsables municipales».

En concreto, ha destacado que, ante esta situación, «los taxistas se encuentran desbordados en muchos momentos del día por la demanda de servicio existente, sin que el Ayuntamiento sea capaz de dar una solución más que amenazar con sancionar a todas las empresas privadas que osasen hacer transportes urbanos».

Por su parte, Adrián Villa ha señalado que «no es de recibo que la alcaldesa pase meses diciendo que las VTCs son ilegales, mientras ella misma las estaba contratando». «Nos preguntamos si ahora que todos sabemos que hubo 29 trayectos ilegales, y que la competencia para sancionar es del Ayuntamiento, la alcaldesa va a emitir una infracción contra la propia Acaldía», ha zanjado.