El Gobierno gallego ha autorizado este lunes la interposición de un recurso contencioso-administrativo en la Audiencia Nacional (AN) ante la «negativa» del Gobierno central a darle información en relación al proceso abierto en Bruselas por la prórroga de la AP-9.
Así lo ha ratificado el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, al término de la reunión semanal del Ejecutivo, en una comparecencia de prensa en la que ha incidido en que Bruselas no solo cuestiona el cumplimiento de la normativa comunitaria, sino que la Comisión Europea ha advertido que España podría ser llevada al Tribunal de Justicia de la Unión Europea si no adopta medidas.
Rueda ha recalcado que el Gobierno gallego le ha pedido de forma reiterada tener acceso a las alegaciones estatales a este proceso sobre una prórroga autorizada en su día por un Ejecutivo estatal liderado entonces por el ‘popular’ José María Aznar, al entender que se trata de «un asunto de máximo interés» para la Comunidad.
Ante la «negativa» estatal a facilitarle estos datos, el presidente gallego ha ratificado que a la Xunta no le queda «otro remedio» que actuar por la vía judicial.
De este modo, ha explicado que presentará un recurso en la Audiencia Nacional para tratar de que se «obligue» al Ejecutivo que dirige Pedro Sánchez a trasladar al Gobierno autonómico los detalles que demanda. «Lamentamos que tenga que ser así», ha zanjado.
SOLUCIÓN: «RESCATE Y TRANSFERENCIA»
El Gobierno gallego se ha mostrado muy crítico con la «negativa» del Ejecutivo estatal a responder a sus «peticiones reiteradas» en relación con la AP-9.
Así, ha esgrimido que desde el inicio de la legislatura, la Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas se dirigió «en múltiples ocasiones» al Ministerio de Transportes para abordar cuestiones vinculadas a la gestión de la autopista y le trasladó también los acuerdos unánimes del Parlamento de Galicia reclamando la gratuidad de los peajes y el rescate de la concesión.
El Gobierno gallego insiste en que la solución en la AP-9 «pasa por el rescate y la transferencia de la gestión de la autopista».
La Xunta recuerda que elaboró los cálculos sobre el coste del rescate en relación con la permanencia de la prórroga hasta 2048, que plasmó en un estudio en 2024 que estimaba inicialmente la cifra en 2.331 millones, «equiparables a lo que supondría atender la política de bonificaciones desarrollada por el Gobierno estatal hasta esa fecha».
Esta cifra fue actualizada en agosto de 2025, elevándose hasta los 2.356 millones, una nueva estimación en que destaca el incremento en 65 millones del lucro cesante de la concesionaria, como consecuencia del aumento de sus beneficios.
«DEFENSA DE LA TRANSPARENCIA Y DE LA LEGALIDAD»
Con la interposición de este recurso contencioso-administrativo, el Ejecutivo autonómico defiende que reafirma su compromiso con «la defensa de la transparencia, de la legalidad y de los intereses de Galicia» en una infraestructura «fundamental» para la movilidad, la cohesión territorial y el desarrollo económico de la comunidad.
El Gobierno gallego recuerda también que mientras en otras zonas del Estado se está procediendo a la reversión de autopistas de peaje, en Galicia «se continúa prorrogando una concesión que considera lesiva para el interés general, debido a la subida continuada de los peajes y al enriquecimiento progresivo de la concesionaria».
