El portavoz del BNG de Administración Local, Óscar Insua, acusa a la Xunta de «hacer caja» a costa de los ayuntamientos, a los que no ingresó más de 90 millones de euros de la cantidad que estaba prevista de fondos condicionados.

Los nacionalistas se hacen eco así del informe de la Cuenta General de las Entidades Locales correspondiente a 2023 que acaba de publicar el Consejo de Cuentas.

«Al Gobierno del Partido Popular se le llena la boca hablando de financiación local y haciendo propaganda de un supuesto incremento de las partidas para los ayuntamientos que, en la práctica, no es tal», ha denunciado el diputado nacionalista.

«Lo más grave», ha insistido, es que esto se se haga en un momento en el que las cuentas de muchos ayuntamientos están «al límite».

«Es una vergüenza porque el PP sabe que las entidades locales están pasando por una mala situación debido a la infrafinanciación que padecen para costear los servicios que ofrecen, sobre todo los servicios sociales», ha asegurado, acusando al PP de utilizar el dinero para «hacer propaganda».

Apuntan que el Consejo de Cuentas advierte en su informe que 155 entidades locales presentan saldo negativo, por operaciones no financieras, y que 147 incumplen con los criterios de estabilidad presupuestaria.

En total, 23 ayuntamientos (A Cañiza, A Gudiña, Arbo, Baraja, Calvos de Randín, Cambados, Carballedo, Catoira, Cospeito, Creciente, Fene, Larouco, Lugo, Maceda, Meis, Melón, Mondariz, Pol, Ponte Caldelas, Porqueira, Riós, Salceda de Caselas, Taboada), y dos entidades locales menores (Queimadelos y Vilasobroso) se encuentran en una situación financiera «comprometida» al presentar cifras negativas tanto del remanente de tesorería como del ahorro neto del ejercicio, lo que puede afectar a la sostenibilidad de sus gastos corrientes, según ha destacado el diputado nacionalista en base al informe de Cuentas.

Explican que los 90 millones a los que hace referencia Insua se corresponden a transferencias vinculadas a convenios y subvenciones, lo que supone que es dinero condicionado a proyectos concretos, explica el diputado, que subraya además que «no es la primera vez» que el Consejo de Cuentas pone de manifiesto los riesgos que esto supone para las haciendas locales, «que se ven sometidas así a la voluntad de convocatoria de la Xunta y, en algunos casos, a la falta de personal y recursos para acceder a ayudas de concurrencia no competitiva lo que se otorgan de manera directa».

El diputado nacionalista ha presentado en el Parlamento una batería de iniciativas para, entre otras cuestiones, reclamar a la Xunta que incorpore en el Fondo Base de Cooperación Local de los presupuestos de 2025 los más de 91 millones «birlados» a los ayuntamientos en 2023, lo que ayudaría a que muchos de ellos pudieran afrontar mejor servicios como el de ayuda en el hogar, la atención a las personas dependientes o las escuelas infantiles.