La directora xeral de Traballo Autónomo e Economía Social, Marta Mariño, justifica que la empresa de integración laboral Ilunion recibe ayudas millonarias de la Xunta en los últimos años conforme a los requisitos exigidos. Así lo ha expuesto ante la denuncia del BNG de que la compañía «no cumple» con la tasa de discapacidad exigida, además de alertar de «múltiples» condenas laborales y «precariedad».

En la Comisión de Industria, Carmela González Iglesias (BNG) advierte de que «no se cumplen principios fundamentales» para recibir subvenciones por parte de Ilunion, ya que no alcanza «el 70% mínimo» de discapacidad en su plantilla. Apunta que la empresa cifra en el 80,4% los trabajadores con discapacidad de un total de 710. Sin embargo, avisa a la Administración gallega de la «trampa» de contrataciones por ETT de 188 personas sin discapacidad, con lo que no llegaría al requisito del 70%.

Al respecto, la directora xeral ha informado de que la empresa recibió en 2023 más de 1,5 millones de euros en ayudas a través de tres programas. Sobre la convocatoria de 2024, ha dicho que está pendiente de resolver. Asegura que no se detectaron incumplimientos.

En junio de 2022, en una comparecencia de la consellería María Jesús Lorenzana se cifraba en 5,2 millones las ayudas dadas por entonces de la Xunta a Ilunion.

No obstante, Marta Mariño ha explicado que está pendiente de conocerse este año los datos de una auditoría realizada, además de que estarán «vigilantes» con la capacidad de integración de personas. También recuerda que hay sanciones carácter laboral que no conllevan la pérdida de subvenciones.

PÉRDIDA DE EMPLEO XEAL

También en esta comisión, Óscar Insua (BNG) ha preguntado sobre qué control realiza la Xunta a la empresa Xeal tras un recorte de 83 empleados directos desde los 293 que había en 2019 a 210 en 2024. Recrimina que «están yendo a menos los empleos y no se hizo nada» por parte del Gobierno gallego. Todo ello con una producción de ferroaleaciones que solo está al 25% de su capacidad.

Sobre esta cuestión, el secretario xeral de Industria, Nicolás Vázquez Iglesias, ha dicho que los datos de los que dispone del registro mercantil de 2023 son de «54 empleados menos», por lo que dice desconocer la cifra dada por el Bloque de un recorte de 83.

Además, ha instado a recurrir a la justicia si se cree que la empresa no cumple el compromiso de mantenimiento del empleo en la no segregación de actividades de ferroaleaciones e hidroeléctrica, ya que asegura que «no hay blancos y negros» y en derecho puede haber «interpretación» sobre ese cumplimiento.

Junto a esto, el secretario xeral asevera que seguirán «controlando» que se impulse la actividad industrial, al tiempo que ha recriminado el «catastrofismo» del Bloque.