El Pleno del Congreso ha aprobado este miércoles el dictamen para renovar el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, que aprobaron los grupos en comisión el 17 de febrero, con el único voto en contra de Vox. En total, ha obtenido 315 votos a favor y 33 en contra.

Se trata de las pocas iniciativas, junto con la ley ELA, que suscitan un apoyo casi unánime de la Cámara (en este caso, con Vox en contra). Los diputados y diputadas han celebrado la aprobación de la actualización de este pacto con un aplauso.

El documento del Pacto de Estado, con 462 medidas, es resultado de los trabajos que se iniciaron la pasada legislatura y que se retomaron el pasado mes de mayo. Sumar, ERC, PNV, Podemos y BNG presentaron votos particulares al informe y Vox voto particular de oposición total. Por el contrario, PP, PSOE y Junts no registraron modificaciones al texto. En este sentido, todos han quedado rechazados, a excepción del número 11 de Sumar, que agrega «mejoras técnicas».

Entre las medidas aprobadas que aparecen en el informe, al que ha tenido acceso Europa Press, los grupos instan a aprobar la Ley Orgánica integral contra la trata y la explotación de seres humanos. Esta Ley apuntan que establecerá «mecanismos adecuados» para la prevención, el refuerzo de la persecución de oficio del delito.

Además, precisan que pondrá en marcha servicios y programas de protección social, reparación y recuperación integral de las víctimas de trata y explotación sexual, con una previsión de costes y una dotación adecuada de recursos humanos y económicos para su implementación y seguimiento.

También piden modificar la Ley Orgánica de protección a testigos y peritos en causas criminales, «para mejorar la protección de víctimas, testigos y denunciantes del delito de trata».

Por otro lado, quieren reformar la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género para incluir como víctimas de violencia de género a aquellos menores que son víctimas de violencia vicaria tras la ruptura de la convivencia familiar, con ocasión de los regímenes de visitas.

En esta misma línea, piden promover, desde el Ministerio de Igualdad, en el marco de sus competencias, las medidas que tiendan a garantizar una «formación especializada, inicial y continua» en materia de violencia vicaria para todos los profesionales que tengan un contacto habitual con los niños y adolescentes víctimas.

También solicitan facilitar la denuncia en sede policial a los menores, «adaptando los servicios policiales a sus circunstancias, incluyendo los espacios físicos y las dependencias donde se recogen sus testimonios, las personas que les atienden y la metodología que se aplica para realizar el trámite testifical». Así, demanda garantizar la especialización del personal que les atiende en este primer momento, con especial atención a los menores víctimas de violencia vicaria.

INSTAN A REGULAR Y DEFINIR LA VIOLENCIA ECONÓMICA

Asimismo, reclaman reconocer, regular y definir la violencia económica en el derecho como forma de violencia de género. Para ello piden que se entienda como «acción de limitar, suprimir o controlar, de manera injustificada e intencionada, el acceso de las mujeres a los recursos económicos de la familia, de la pareja o propios, así como de reducir o anular su capacidad económica presente o futura para mantenerse a sí mismas, a sus hijas e hijos, o para continuar con sus hábitos anteriores».

Por otro lado, apuestan por sancionar a quienes, sin autorización de la persona afectada y con ánimo de menoscabar su integridad moral, «difundan, exhiban o cedan su imagen corporal o audio de voz generada, modificada o recreada mediante sistemas automatizados, softwares, algoritmos, inteligencia artificial o cualquier otra tecnología, de modo que parezca real, simulando situaciones de contenido sexual o gravemente vejatorias (deep fakes)».