El Parlamento de Galicia ha demandado la creación de una nueva unidad de la Policía Nacional en la ciudad de Ourense y la cobertura de las vacantes en la comisaría ourensana.

La iniciativa ha sido aprobada este miércoles en la Comisión 1ª del Parlamento gallego a propuesta del PP y con el apoyo de BNG y Democracia Ourensana, mientras que el Grupo Socialista votó en contra.

En concreto, el texto aprobado reclama al Gobierno central la creación de un grupo operativo completo de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) de la Policía Nacional en la Cidade das Burgas, la cobertura de las vacantes en la comisaría y la puesta en marcha de una brigada móvil de Policía en el Transporte.

Además, el PP aceptó la inclusión de dos puntos añadidos a través de una enmienda a la iniciativa original por parte del BNG, que instan a actualizar el catálogo de puestos de trabajo de las fuerzas y cuerpos de seguridad en Galicia y la articulación de una unidad de drogas y crimen organizado en la comisaría ourensana.

Pese al respaldo a la iniciativa por parte de nacionalistas y Democracia Ourensana, ambos grupos, al igual que el PSdeG, criticaron el «discurso alarmista» que apreciaron en la intervención de la diputada popular Noelia Pérez, que acusó al resto de fuerzas de «vivir a espaldas del día a día de los vecinos».

Y es que, según la parlamentaria del grupo mayoritario, las estadísticas de criminalidad en Ourense «no reflejan» la «preocupación» de los vecinos por la «inseguridad» que se vive «en toda» la ciudad y «especialmente» en barrios como el de O Vinteún, A Ponte o en el centro histórico.

«Los vecinos ya ni denuncian porque creen que no va a servir para nada», ha aseverado Noelia Pérez, para añadir, a renglón seguido, que «la inseguridad se nota cuando no quieres salir de casa» o eliges «no pasar» por determinados puntos por «miedo».

En su turno, Iago Tabarés (BNG) ha manifestado que la intervención de Pérez «describe una situación totalmente distinta a la realidad» que se vive en la ciudad ourensana, en la que «no hay datos objetivos» para pensar que exista un problema de criminalidad, cuando presenta «mejores» datos que la media de Galicia y del Estado.

En estos mismos términos se ha pronunciado la diputada socialista Paloma Castro, quien ha resaltado que las últimas estadísticas publicadas reflejan un descenso en términos totales de la criminalidad acompañado de una mejora en el esclarecimiento de delitos. «Déjense de propuestas falaces y dedíquense a propuestas que mejoren la vida de los ciudadanos», ha añadido.

Por último, Armando Ojea (Democracia Ourensana) también ha defendido que Ourense «es una ciudad segura en comparación» otras urbes de sus características y, pese a compartir la necesidad de mejorar la dotación de efectivos policiales para paliar la «discriminación» hacia la capital ourensana, ha advertido de los riesgos de alimentar discursos que fomenten en la sociedad «la percepción de la pérdida del orden público».

CUARTEL GUARDIA CIVIL

Además, también salió aprobada otra iniciativa del Grupo Popular, en este caso, en solitario al producirse el voto en contra de BNG y PSdeG y la abstención de DO a la reclamación al Estado de la construcción de un nuevo cuartel de la Guardia Civil de Vilagarcía de Arousa o, en su defecto, la remodelación del actual.

La iniciativa, defendida por el diputado Raúl Santamaría, solicita, asimismo, al Gobierno que «reconsidere» su decisión de «trasladar la dependencia de la capitanía de la Guardia Civil a Cambados y la mantenga en Vilagarcía», así como la cobertura de la tasa de reposición de los agentes adscritos al cuartel vilagarciano.

TRANSPARENCIA

Por otra parte, el PSdeG llevó a la comisión otra iniciativa, finalmente rechazada, en la que solicitaba la adopción de una serie de medidas para fortalecer los mecanismos de prevención autonómicos de casos de corrupción, mejorar la transparencia y «el buen gobierno».

La parlamentaria socialista Patricia Iglesias, encargada de presentar la proposición no de ley, acusó en su intervención a los gobiernos del PP en la Xunta de haber «convertido en papel mojado» la «transparencia y regeneración democrática», como, a su juicio, «quedó demostrado» en la comisión de investigación sobre la contratación de la Xunta celebrada a finales del pasado año.

«Si no, no se explica que el 40% de los fondos de la Xunta se dediquen a contratos a dedo», ha aseverado Iglesias, que aseguró que todas las «dudas» sobre el «troceamiento» de facturas, la contratación con empresas «amigas» del PP o con «vinculaciones con familiares», así como sobre la construcción del Álvaro Cunqueiro «siguen ahí».

«Le voy a dar una noticia. La comisión de investigación ya fue. Cuanto antes lo asuman, mejor», ha espetado el diputado del PP Roberto Rodríguez, que acusó a Iglesias de haber «plagiado» el texto de la iniciativa como, dice, hizo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con su tesis. «Se empieza plagiando tesis y se termina haciendo leyes Begoña», ha aseverado.

En su turno de réplica, Patricia Iglesias remarcó como letrada mayor del Consello de Contas –donde ejerció antes de ser diputada en esta legislatura– participó en los trabajos de redacción de los informes de dicho organismos «donde se establecen las medidas que se deben implementar sobre medidas de integridad» en la Administración autonómica. «De plagio, cero», ha añadido.

Por su parte, Óscar Ínsua (BNG) puso el acento en que la comisión «evidenció» la «falta total» de planificación en la contratación de la Xunta, dado que los informes y los planes fueron solicitados pero no remitidos a los parlamentarios.