La Consellería de Medio Ambiente ha asegurado que «seguirá defendiendo» a afectados por daños ocasionados por el ataque del lobo, pero ha sostenido que fue el Gobierno quien «generó la actual situación» y es quien «debe solucionarla».

Así lo han señalado fuentes del departamento autonómico después de que Unións Agrarias pidiese «actuaciones urgentes» a la Xunta.

Estas fuents aseguran que este año han publicado distintas líneas de ayuda por valor de 2,5 millones de euros para compensar los daño (0,61 millones) o adoptar diferentes medidas de prevención (1,9 millones).

En este sentido, indican que solo en el periodo 2016-2023 se destinó casi 8,4 millones de euros a esta cuestión lo que, conforme apuntan, «demuestra el compromiso del Gobierno gallego con el sector». En cambio, censuran que el Ejecutivo de Pedro Sánchez persiste en su actitud y aún no transfirió a Galicia las partidas para el lobo de 2022 y 2023, que continúan judicializadas.

«La Xunta sigue defendiendo que se revise el nivel de protección del lobo y adaptarlo a la realidad en cada zona, ya que su inclusión en 2021 en la Lista de especies silvestres en régimen de protección especial no obedeció a criterios objetivos ni a su estado favorable al norte del río Duero», subrayan.

«Al contrario», consideran que «fue una decisión única y exclusivamente política, por motivos culturales antes que científicos, bajo el impulso de la exvcicepresidenta y ministra Teresa Ribera». «Esta decisión del Gobierno central está dificultando el equilibrio entre la especie y el sector primario en el medio rural, con un aumento de los avisos», añaden.

Estas fuentes han recordado que la Comisión Europea propuso la necesidad de flexibilizar y mismo rebajar el actual nivel de protección del lobo para adaptarlo a su realidad actual en cada país.

«El Gobierno central debe corregir el error cometido al evaluar en su último informe el estado de conservación de la especie como desfavorable a la luz de los datos disponibles y más actualizados», señala Medio Ambiente, que detalla que el censo elaborado por la Xunta concluye que en Galicia hay 93 manadas de lobos y que su estado de conservación es favorable.

«Por consiguiente, es el Gobierno central el que generó la actual situación, y el que debe solucionarla. La Xunta sigue defendiendo su posición y, al mismo tiempo, apoya y seguirá apoyando a los afectos», finaliza.