El que fue conselleiro de Sanidade entre septiembre de 2020 y abril de 2024, Julio García Comesaña, ha defendido este viernes en el Parlamento autonómico la «legalidad» y la «transparencia» de todos los contratos de emergencia firmados para poder cubrir las necesidades del Servizo Galego de Saúde (Sergas) durante los primeros meses de la pandemia de la covid-19.

También se ha referido a las adjudicaciones a empresas vinculadas a familiares de dirigentes del PP, señaladas por la oposición (BNG y PSdeG) en un debate de la comisión de investigación que ha sido tenso por momentos, tal y como ya se preveía por los desencuentros que este órgano ha generado entre los grupos las últimas semanas.

Entre las compañías mencionadas está la teleoperadora Universal Support, de la que es directivo Ignacio Cárdenas, cuñado del expresidente de la Xunta Alberto Núñez Feijóo, y que fue contratada a partir de agosto de 2020 como apoyo al servicio de rastreo de casos de coronavirus.

García Comesaña, ahora diputado del PP y miembro de la comisión, ha justificado que se contactó con esta firma porque estaba trabajando para el Samur madrileño y que, «a los dos días», puso a disposición del Sergas «75 teleoperadores». Primero, en la confirmación de las infecciones y, posteriormente, en su rastreo.

En 2020, se hizo por adjudicación directa al amparo de la normativa de contratación para casos de emergencia. Meses más tarde, ya en 2021, «cuando fue posible», la Consellería de Sanidade sacó a «concurso convencional» esos servicios y Universal Support lo perdió, en un caso, y lo ganó, en otro.

García Comesaña ha sido el segundo compareciente de la primera jornada de esta comisión impulsada por el BNG. La presidenta del órgano, la popular Elena Candia, ha tenido que intervenir en algunas ocasiones y ha llamado a la calma advirtiendo que «hoy es el primer día».

COMESAÑA DEFIENDE LA «LEGALIDAD»

La oposición (BNG y PSdeG) se ha centrado en señalar las licitaciones no solo a Universal Support, sino también a Eulen, de la que es directiva para el Noroeste la hermana de Feijóo, Micaela Núñez; y a Mape Asesores, que vendió a la Xunta mascarillas por las que Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, recibió 2 millones de euros en comisiones.

«A lo que no voy a renunciar aquí es a la oportunidad que tuvimos de hacer esos contratos de emergencia cumpliendo la legalidad», ha recalcado García Comesaña, quien ha insistido en que Galicia «fue ejemplar» en la compra de material sanitario.

Por parte del BNG, Luís Bará ha centrado buena parte de su intervención en denunciar que la Xunta y el PP «denegó» el envío de los expedientes de la contratación con Universal Support, Sibucu y Mape Asesores.

«Si no hay ningún problema, traigan la documentación», ha recalcado el nacionalista, para también censurar que el PP, con el «dedo de dictador desde Madrid», «vetó» en el plan de trabajo de la comisión la comparecencia tanto de Feijóo como de su hermana, entre otras personas.

En todo caso, ha advertido que el BNG va a llegar «hasta las últimas consecuencias, dentro y fuera de la comisión», para destapar los «chanchullos» de los populares. Por eso, ya ha solicitado el resto de la documentación al amparo del artículo 9 del Reglamento del Parlamento.

COMESAÑA «SE COME EL MARRÓN» DE FEIJÓO

Por parte del PSdeG, Patricia Iglesias ha coincidido en señalar el «auténtico paripé» que es la comisión y ha lamentado, no sin ironía, que García Comesaña tenga que «comerse el marrón» de comparecer en ella y que no lo haga Feijóo.

Asimismo, la socialista se ha parado especialmente en los contratos que recibió Universal Support por 15 millones de euros pese a que «nunca antes había contratado con el Sergas» y «carecía de solvencia técnica». «Miles de personas atemorizadas en casa y este señor (Ignacio Cárdenas) firmando contratos millonarios», ha resumido Iglesias.

Enfrente, el diputado del PP Roberto Rodríguez ha acusado a la oposición de querer convertir la comisión de investigación en una «de difamación» porque pretendían que acudiesen «personas concretas» a este órgano y no «representantes» de las empresas mencionadas.

Asimismo, el popular les ha respondido que «toda la documentación» que solicitaban estaba «recogida en la transacción» que les ofrecieron para pactar el plan de trabajo.

Rodríguez ha insistido en que todos los contratos están «fiscalizados» por el Consello de Contas –«Sus informes no dicen lo que ustedes dicen que dicen», ha espetado–, al tiempo que ha acusado a la diputada socialista de «faltar al respeto» a los funcionarios e inspectores que revisaron las licitaciones.

Tanto el portavoz del PP en el debate como el exconselleiro han sugerido que esta comisión creada por el Bloque busca tapar el «extenso listado de casos de corrupción» que salpican al Gobierno de Pedro Sánchez.

HOSPITAL ÁLVARO CUNQUEIRO

El debate con la oposición se ha centrado mayormente en estas contrataciones, aunque el exconselleiro empleó su primera intervención para defender el modelo de concesión de obra pública escogido por la Xunta para construir el Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo.

Según un informe del Consello de Contas, la Administración autonómica se hubiese ahorrado 470 millones de euros de haber licitado las obras y los servicios por separado.

«De no haberse hecho por este modelo (concesión de obra pública), estaríamos aún esperando a que concluyeran las obras», ha aseverado García Comesaña, para posteriormente reconocer con un símil que salió «más caro» por recurrir a financiación externa, como «cuando uno no tiene el dinero y se tiene que recurrir a un banco para que se lo preste».

El exconselleiro de Sanidade, que también fue gerente del Área Sanitaria de Vigo entre 2019 y 2020, recordó que fue el gobierno de Manuel Fraga el que aprobó primeramente, en 2005, la construcción del hospital. Sin embargo, ese mismo año llegó el bipartito de Emilio Pérez Touriño a la Xunta y se inició un «proceso de parálisis».

El ahora diputado del PP ha achacado a BNG y PSdeG el «sobrecoste de cuatro años» que supuso aquel gobierno porque, durante ese período, «no se movió ni un ladrillo» para levantar el hospital.

Esto se desbloqueó con la vuelta del PP a la Xunta en 2009 y, tras el comienzo de las obras en 2011, acabaron en 2015 «en un tiempo récord» y permitió que el área de Vigo tuviera un hospital «de los mejores de Europa».

Esto permitió, ha argumentado, que en 2019 las listas de espera se redujesen en el área hasta los «61 días, 44 días menos que en 2013». Esto se tradujo en un ahorro de 80 millones de euros «por seis años» al reducirse las estancias medias en los hospitales.

Además, la dimensión del Álvaro Cunqueiro supuso que la Consellería «nunca» contempló durante la pandemia la construcción de un hospital de campaña en Vigo y que se pudiera «ofrecer» camas a pacientes portugueses.

Sobre el hospital, Luís Bará (BNG) ha afeado al exconselleiro que interviniese en la comisión como «pretendido opositor» del Ayuntamiento de Vigo.

Patricia Iglesias (PSdeG), mientras tanto, ha reconocido que el bipartito «estudió distintas vías» para construirlo pero «apostaba por un hospital público, no de concesión de obra pública» que supuso «un traje a medida de la concesionaria».