El BNG ha registrado nuevas iniciativas para agilizar el protocolo para la gestión de los registros de objetores de conciencia y, así, «garantizar el derecho de las mujeres al aborto en la sanidad pública».

Según explican en un comunicado, a través de la senadora Carme da Silva, insisten en la necesidad de que el Ministerio de Sanidad impulse el protocolo, «evitando las objeciones en bloque, y no continúe poniendo en riesgo a las mujeres que están viendo vulnerado un derecho fundamental».

Recuerdan que la Ley de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo regula la objeción de conciencia e incluye la elaboración de registros de objetores en la sanidad pública a cargo de las Comunidades autónomas.

Para que sea posible, insisten, el Gobierno debe confeccionar y publicar el protocolo correspondiente para la gestión de los citados registros. Para la senadora, «no consiste en hacer listas, sino en poder garantizar la prestación de este servicio en la sanidad pública y poder planificar los medios para evitar las dificultades que se puedan derivar de situaciones de objeción de conciencia en bloque».

«El Ministerio debe hacer público el documento y explicar sus propuestas. No se entiende por qué tanto retraso a la hora de publicarlo. Sanidad debe actuar de una vez y sacar el protocolo», afirma Carme da Silva, que apunta que así se evitaría que se utilice, por parte de algunas autonomías, «como argumento para no tener listos los registros».

Insiste la senadora en que las administraciones públicas «deben garantizar» el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo en la sanidad pública, «además de adoptar las medidas necesarias para impedir que gran parte del personal médico se declare objetor en la sanidad pública, pero se preste a la práctica de abortos en la privada».