El Bloque Nacionalista Galego de la Diputación Provincial de Ourense ha solicitado una Junta de portavoces en el organismo Provincial para que la institución exija a Iberdrola el pago de 1,2 millones de euros.

Los nacionalistas exponen que el Gobierno de la Diputación adquirió el compromiso de reclamar los fondos a Iberdrola en el pleno del pasado viernes, donde la institución aprobó una modificación de crédito para hacer frente a ese pago a favor del ayuntamiento de Nogueira de Ramuín.

La situación se debe a que el ayuntamiento de Nogueira cobró a Iberdrola 1,2 millones de euros por la ampliación de la central de Santo Estevo, la empresa eléctrica reclamó ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia y este reconoció el derecho a recuperar ese impuesto, que el ayuntamiento exigió entonces a la Diputación por tener delegada en ella la recaudación de tributos.

«Hay que marcar los pasos a seguir para reclamar el 1,2 millones de euros en la medida de lo legalmente exigible», ha manifestado el portavoz del BNG en la Diputación, Bernardo Varela, afirmando que «lo que no sea legalmente exigible que sirva para la puesta en vergüenza y coste reputacional a la compañía eléctrica».

«Las grandes compañías y en este caso de Iberdrola no se pueden reír de los vecinos y vecinas de Ourense», ha señalado Varela, pidiendo que «la ínfima parte de los ingresos que contienen con las explotaciones de nuestros recursos naturales, que legalmente le corresponden a los ayuntamientos o a la Diputación, sean materializados y no acaben marchándose de rositas y ahorrándose ese más de millón de euros que deciden simplemente no tener que pagar».

La formación ha recordado que la «afrenta» contra los vecinos de Nogueira de Ramuin se ha gestado desde el año 2015 porque fue cuando la compañía cometió la repotenciación del embalse de Santo Estevo, por el que debían pagar un ICIO de 2 millones de euros. Sin embargo, la compañía intentó ya entonces liquidar la deuda por un importe de 800.000 euros en su declaración voluntaria.

A partir de ahí surgen una serie de acusaciones y «queda patente la negligencia del órgano tramitador de la Diputación de Ourense en materia tributaria, unos hechos de 2015 de los que acabamos teniendo constancia en 2014», ha expuesto Varela criticando que la Diputación hizo «una chapuza de expediente» y se le exigió el pago fuera de plazo, lo que permitió a Iberdrola reclamar judicialmente el millón de euros restante de los dos millones de euros que realmente debían ingresar.

«El cúmulo de hechos, el intento de Iberdrola de evitar el pago más una conducta negligente injustificada de la Diputación de Ourense, según refleja el TSXG, hacen que la compañía, que en el 2023 tuvo un beneficio neto de más de 4.803 millones de euros y que además tiene en Ourense instaladas 2.200 megavatios de energía renovables, 1.582 de ellos en centrales hidroeléctricas, se pudiese ahorrar ese impuesto», han resumido desde el BNG calificando lo sucedido de «estafa».