El Grupo Parlamentario Popular ha rechazado este martes una moción a través de la que el BNG reclamaba que los futuros centros de crisis 24 horas para la atención de mujeres víctimas de violencia sexual sean de gestión pública, el refuerzo de los Centros de Información á Muller (CIM), así como la inclusión de la atención psicológica a las víctimas en la atención primaria.

La encargada de defender la iniciativa ha sido la diputada nacionalista Noa Presas, quien ha sostenido que «la Xunta tenía una oportunidad» para fortalecer la atención a las víctimas, pero «decidió privatizar y precarizar» estas instalaciones con «personal insuficiente que no garantiza la atención adecuada». Además, ha lamentado que «no van a ser de gestión pública» debido a la decisión «consciente» del PP para «hacer negocio con los derechos de las mujeres».

«Por eso, con esta moción pedimos, sobre todo, parar esta privatización, para que estos centros sean de gestión pública y directa, así como el refuerzo de los CIM y garantizar la atención psicológica», ha dicho para asegurar que se trata de «tres propuestas muy claras, realistas y necesarias».

La moción ha contado con el apoyo del Grupo Socialista, cuya parlamentaria Paloma Castro ha asegurado que su formación comparte «todo lo que se pide en la iniciativa» y ha presentado una enmienda con diversas propuestas, entre las cuales el BNG aceptó incluir en el que se abordaban medidas para la reforma de los CIM.

En un debate en el que el diputado de Democracia Ourensana, Armando Ojea, ha declinado intervenir; la parlamentaria del PPdeG, Raquel Arias, ha trasladado a los grupos de la oposición que la violencia de género es un asunto que se debe sacar de la lucha partidista.

Además ha acusado a los nacionalistas y a los socialistas de ser «los culpables del mayor daño» hechos a las víctimas de violencia, al apoyar al Gobierno de Pedro Sánchez y la aprobación de la Ley del sí es sí, al asegurar que «permitió que 1.450 violadores y agresores sexuales vieran reducidas sus penas y 126 salieran antes de la cárcel».

Ha dicho que la lucha contra la violencia de género es una «prioridad para la Xunta» y ha recordado que la gallega «es la primera comunidad con una dirección xeral específica, que permite atender mejor a las víctimas y trabajar aún más en la prevención». Entre otras medidas, ha citado la puesta en marcha del turno de guardia para mujeres víctimas de violencia de género y también para sus hijos menores, la asistencia integral a los niños huérfanos, así como la facilitación de viviendas tuteladas para víctimas de violencia con enfermedades mentales, que próximamente se ampliará a víctimas con problemas de adicción.

Raquel Arias ha dicho que «muchos de esos avances se aprobaron en el Parlamento por unanimidad», pero ha lamentado que el pasado mes de diciembre «el BNG y el PSdeG rompiesen el consenso y no votasen a favor de la Ley de igualdad, pese a que fueron aceptadas la mayoría de sus propuestas».

BATERÍA DE MEDIDAS EN MATERIA DE SALUD MENTAL

En la sesión, además, el PPdeG ha rechazado con sus votos otra moción del Bloque, en este caso defendida por la parlamentaria Montse Prado, en la que se instaba a la Xunta a poner en marcha una batería de medidas en materia de salud mental.

En concreto, el texto, entre otras cuestiones, emplazaba a la Xunta a presentar en el Parlamento de Galicia un informe sobre la situación mental en Galicia, a informar de los resultados del desarrollo del Plan de Salud post Covid y del Plan galego de prevención del suicido, así como a concretar el anuncio hecho por el presidente de la Xunta, Alfnso Rueda, sobre la incorporación de psicólogos clínicos al centro de salud.

El texto también reclamaba a la Xunta que incluyese en los presupuestos partidas para la incorporación de psicólocos clínicos en los centros de salud, así como para la creación de una unidad de hospitalización infanto-juvenil en cada área sanitaria y que estas estén dotadas de personal docente para garantizar la continuidad académica de los niños y adolescentes que reciben asistencia en la mismas.

Además, instaba a la Xunta a presentar en el plazo máximo de un mes un informe con el estudio de la necesidad de personal sanitario de salud mental tanto en atención primaria como hospitalaria.

Si bien la iniciativa ha contado con el apoyo del diputado de Democracia Ourensana y de los nueve parlamentarios socialistas, con los que se llegó a transaccionar el texto para incorporar algún matiz, no salió adelante al contar con el rechazo de la bancada popular.

La diputada del PPdeG Encarna Amigo ha recordado que el Gobierno gallego ya avanzó que el futuro Plan de salud mental incorporará psicólogos clínicos en los centros de salud dependientes de los servicios de pediatría.

Además, ha subrayado que el compromiso de la Xunta con la salud mental ya quedó patente en el año 2017, cuando se implementó el Plan de prevención del suicidio de Galicia. «Aunque les moleste reconocerlo, fue el primer plan autonómico implantado en España», ha dicho, para señalar que, posteriormente, se aprobó el Plan de Salud Mental 2020-2024, que convirtió de nuevo a Galicia en una «comunidad autónoma pionera por definir una hoja de ruta ambiciosa en salud mental».

Encarna Amigo, que ha recordado que en esta legislatura se creó una subdirección de Saúde Mental para dedicarse «única y exclusivamente» a este asunto, ha puesto en valor también que la Xunta ya anunció la incorporación de psicólogos clínicos a los centros de salud.