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El BNG rechaza el decreto del Gobierno de la eólica marina, que considera un «castigo» para Galicia

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El diputado del BNG en el Congreso, Néstor Rego, ha expresado este miércoles su rechazo frontal al decreto del Gobierno de coalición que regula la energía eólica en instalaciones en el mar porque considera que pone en peligro la actividad del sector marisquero y pesquero gallego. «Es un castigo para Galicia y nuestra valoración es lógicamente negativa», ha afirmado el portavoz nacionalista, socio de investidura de Pedro Sánchez.

Según ha recordado, el BNG solicitó en reiteradas ocasiones la paralización de la tramitación de esta norma y la retirada también de los planes de ordenación de los espacios marítimos por considerar que los impactos sobre la pesca y sobre ecosistemas marinos son «evidentes e importantes».

Rego se queja de que Galicia ya «sufre» más de 300 proyectos de eólica terrestre con un impacto social, económico, patrimonial y empresarial y ahora se va a ver perjudicada por las instalaciones en el mar, lo que considera «un castigo» para pescadores y mariscadores. «Un impacto ambiental muy intenso y que, además, no se trata de producción de energía para consumo propio», se queja, recordando que el 40% de esa energía se envía fuera de Galicia.

A su juicio, se trata de «un comportamiento absolutamente colonial» porque los beneficiarios son «grandes empresas del sector energético que tienen su sede social o, especialmente, su sede fiscal en Madrid». «Lo que está haciendo el Gobierno español es hipotecar el futuro de un sector clave en la economía de toda la costa gallega para beneficiar a grandes empresas», advierten.

LIBERAR PEAJES DE AP-9 EN PADRÓN-SANTIAGO

En otro orden de cosas, Rego ha registrado iniciativas para reclamar liberar los peajes de la AP-9 en el tramo Padrón-Santiago por las obras de la N-550 en O Milladoiro, Ames (A Coruña).

Pide que el Ministerio de Transportes se comprometa a facilitar el tránsito de las personas usuarias que se están viendo afectadas por las obras que son de larga duración, hasta 2025, «argumento suficiente como para liberar la principal vía alternativa», indica Rego.

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