El Partido Socialista y el BNG han afeado el «abuso» que, para los grupos de la oposición en la Cámara gallega, realiza la Xunta con la contratación menor, es decir, la que no requiere de procedimiento público al no alcanzar el umbral mínimo legal y que suma el 40% del total de la contratación de la Administración autonómica.

Esto último apuntado por el Consello de Contas en 2022 ha sido destacado este martes por la diputada socialista Patricia Iglesias durante la defensa de una iniciativa, pendiente de ser votada hasta el miércoles, durante le pleno del Parlamento gallego, al que el PSdeG ha llevado una serie de medidas para reducir la contratación menor por parte de la Xunta.

«Es una cuestión que va más allá de la legalidad», ha aseverado Iglesias durante una intervención en la que ha incidido que, a pesar de encajar en la legalidad, esta forma de proceder a la hora de contratar tiene «muchos grises» y permite «beneficiar» a determinadas empresas.

«No podemos normalizar que no pase nada porque empresas del círculo familiar de Feijóo tuviesen un trato de favor», ha afirmado antes de remarcar que existen «indicios» para concluir que compañías como Eulen han recibido contratos «a dedo».

Según Iglesias, los portales y mecanismos para velar por la transparencia en la gestión de los recursos de la Administración gallega presentan «carencias», no tienen «homogeneidad» ni «vasos comunicantes», lo que dificulta la labor de control y deriva en una «situación intolerable y muy grave».

Por parte del Bloque, el parlamentario Iago Tabarés ha acusado al PP de «no respetar» los principios «de igualdad y transparencia» en la contratación pública, que «no están ahí» para «fastidiar» a los populares sino para velar por un correcto manejo de los recursos «de todos».

En este sentido, ha denunciado que «muchos» contratos de la Xunta son «troceados» para impedir que tengan que ser sometidos a concurso, una práctica que, según Tabarés, se emplea con la compañía Eulen, que ha recibido «ya» en lo que va de año contratos por valor de 1,6 millones de euros.

«La Xunta cumple la ley de contratación y del sector público, también con los contratos menores», ha sentenciado al inicio de su intervención el diputado del PP Roberto Rodríguez, que ha ironizado con «la puntería» del PSdeG para defender esta iniciativa al coincidir con la jornada en la que han transcedido novedades sobre el caso que afecta a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez.

Rodríguez ha preguntado a socialistas y nacionalistas si su «modelo de transparencia» es el del Gobierno de Sánchez, que «acumula advertencias» de Bruselas o de Hacienda por «irregularidades» en la gestión de entes como Adif o «el CIS de Tezanos». «El umbral para desempeñar un cargo público no lo marca la legalidad, lo marca el desempeño del mismo», ha añadido finalmente.