Los tres principales grupos políticos en la Cámara gallega –PP, BNG y PSdeG– han defendido la subida salarial acordada en la Mesa del Parlamento que se aplicará esta legislatura a los diputados autonómicos. Un incremento del 7,6% que los partidos ven «comedido», «ajustado a la realidad» o «muchísimo menor» en comparativa con el comportamiento de la inflación o la actualización del sueldo del funcionariado.

Así han argumentado los portavoces de los grupos este martes –Alberto Pazos Couñago (PP), Luís Bará (BNG) y Elena Espinosa (PSdeG)– la decisión adoptada en el mes de agosto por la Mesa del Parlamento que hará que, tras varios años congelados y un incremento más leve en 2023, los sueldos brutos de los diputados con dedicación exclusiva se acerquen a los 5.370 euros al mes.

Un consenso que también han alcanzado a la hora de defender el cambio, también adoptado por la Mesa durante el verano, que elimina la norma que instaba al Parlamento autonómico a remitir sus cuentas al Consello de Contas, decisión que se adoptó, según han expuesto todos los grupos (salvo Democracia Ourensana, que no compareció en las ruedas posteriores a la junta de portavoces de este martes), para adaptar la situación del Legislativo gallego al de otras cámaras autonómicas y corregir así una «disonancia» formal que fue «mal interpretada», en palabras de Pazos Couñago.

Sobre el acuerdo que eleva el salario base de los diputados ‘rasos’ en casi 380 euros más –pasan de 4.988,88 a 5.368,53 euros–; los grupos coinciden en la necesidad de poner al día las retribuciones tras años «congeladas» para adaptarlas al comportamiento del IPC y las actualizaciones de los sueldos del funcionariado.

«No se puede considerar una subida», ha argumentado Pazos Couñago, que ha defendido que la «no aplicación» del encarecimiento del coste de la vida desde el año 2009 «ha supuesto pérdidas muy importantes» para la capacidad adquisitiva de los parlamentarios, que ha cifrado en «un 30%».

Para el representante del grupo mayoritario, se trata de un acuerdo «sumamente prudente» y «muy comedida» que mantiene al gallego como «el parlamento autonómico más barato de toda España».

Por su parte, el viceportavoz del BNG, Luís Bará, también ha asegurado que su grupo entiende la subida como «comedida» y «ajustada a la realidad» pues la ve, en términos comparativos, «muy distante» al incremento de los precios a lo largo de los últimos 15 años.

En esa misma línea se ha expresado la también viceportavoz del Grupo Socialista, Elena Espinosa, que cree que el incremento salarial de los diputados se da «en muchísimo menor porcentaje» que la subida «del 34%» del IPC y «del 16%» en el sueldo de los empleados públicos desde el año 2009.

CONSELLO DE CONTAS

Los grupos han coincidido también en el sentido de sus argumentos para justificar la decisión de la Mesa de modificar el Reglamento de régimen presupuestario y contable del Parlamento de Galicia y del Valedor do Pobo para derogar el apartado 3 del artículo 23 de la norma que, en relación con las cuentas generales de la Cámara gallega, señala que, «tras su aprobación, serán enviadas al Consello de Contas de Galicia y se publicarán en el Boletín Oficial del Parlamento de Galicia».

En palabras de Pazos Couñago, el Parlamento «nunca» en su historia fue auditado por Contas porque «no es su ámbito de fiscalización». «No parece muy razonable que un órgano que fue aprobado por este Parlamento tenga el poder de fiscalizarlo a él mismo», ha aseverado antes de subrayar que el Pazo do Hórreo «tiene paredes de cristal» y publica su información económica «al 100%» en su página web.

Por ello, el popular ha asegurado que la Mesa apostó por «corregir una disonancia en un artículo que se malinterpretó por una persona». «Hoy este Parlamento es más transparente que nunca», ha afirmado.

Espinosa también ha señalado el argumento de que Contas es un organismo que «está por debajo» del Legislativo y que en «otros parlamentos» equiparables al gallego la «situación es casi idéntica» y éstos no remiten sus cuentas a los órganos fiscalizadores autonómicos.

«Quién mejor para hacer las taresa de control y fiscalización que los propios grupos parlamentarios», ha afirmado el nacionalista Luís Bará, que ha sentenciado que «no hay nada que ocultar» en la Cámara pues se trata de una institución «absolutamente transparente» en cuanto a gastos, asignaciones, obras o servicios.