Varios ‘barones’ territoriales del PP han coincidido este martes en señalar que el Gobierno que dirige Pedro Sánchez debe moverse y dar financiación a las autonomías si quiere el apoyo del Grupo Popular en la reforma de la Ley de Extranjería. Sin embargo, consideran que el Ejecutivo no tiene voluntad de negociar con el primer partido de la oposición tras no aceptar ninguna de sus exigencias.
El Pleno del Congreso acogerá el martes 23 de julio el debate de toma en consideración de la proposición de Ley para reformar la Ley de Extranjería que PSOE, Sumar y Coalición Canaria registraron hace una semana con el objetivo de fijar como obligatorio el reparto de menores cuando haya colapso en Canarias como sucede en este momento.
Tras un contacto este fin de semana entre el ministro Ángel Víctor Torres y el portavoz del Grupo Popular, Miguel Tellado, el PP anunció que no puede facilitar la tramitación de una ley que, según fuentes ‘populares’, «se basa en la imposición y no en el diálogo».
El propio Feijóo ha asegurado este lunes ante la Junta Directiva Nacional del PP –máximo órgano del partido entre congresos– que Sánchez debería hacer «cesiones», como hace con sus socios parlamentarios, si quiere el apoyo del Grupo Popular a la reforma de la Ley de Extranjería.
Además, Feijóo ha acusado al Gobierno de «mirar para otro lado» ante la situación migratoria, pese a que las comunidades autónomas llevan un año advirtiendo del «colapso». A su entender, ahora recurre a la «improvisación» porque busca «quitarse el problema de encima, no resolverlo».
LA INMIGRACIÓN, UNO DE LOS TEMAS DE LA COMIDA CON SUS ‘BARONES’
La inmigración irregular también ha estado encima de la mesa en la comida que Feijóo ha celebrado después con sus ‘barones’ territoriales en un restaurante de Madrid. Allí han coincidido en que el Gobierno de Pedro Sánchez no quiere en realidad llegar a un acuerdo con el PP, según fuentes del partido.
«Quien tiene que mover ficha es el Gobierno. ¿Está moviendo ficha el Gobierno? No lo está haciendo», ha resumido gráficamente un presidente autonómico a Europa Press, que considera que en este asunto el Ejecutivo está «en la estrategia» y no lo concibe como «un asunto de Estado» que precisa de «planificación».
Aunque algunos ‘barones’ del PP creen que hasta el último minuto hay margen para que el Gobierno haga un gesto y ponen el foco sobre todo en la financiación. «Nos dan 145 euros por niño y en un año», ha señalado en privado uno de los presidentes consultados, que ha recordado que en 2022 se duplicó ese importe.
MANUEL DOMÍNGUEZ AGRADECE A LOS PRESIDENTES SU «SOLIDARIDAD»
En su intervención a puerta cerrada en la Junta Directiva Nacional del PP y después en el almuerzo, el vicepresidente y consejero de Economía del Gobierno de Canarias, el ‘popular’ Manuel Domínguez, ha agradecido a las CCAA del PP sus «solidaridad» tras aceptar en la Conferencia sectorial de Infancia y Adolescencia el reparto de 347 menores.
Domínguez ha advertido a sus compañeros que la situación en las islas se está complicando y ha relatado a modo de ejemplo el caso de dos gemelas que se han quedado sin madre ni padre y las tiene que tutelar la administración en Canarias, donde no pueden más, según han señalado a Europa Press fuentes ‘populares’.
A su llegada a la Junta Directiva, en declaraciones a los medios, Domínguez ha admitido que «hay margen» para que PP y PSOE sellen un acuerdo de cara a la reforma de la Ley de Extranjería, dado que el Gobierno tiene aún posibilidad de considerar las condiciones que pusieron sobre la mesa los de Alberto Núñez Feijóo para apoyar la norma en el Congreso. «Soy optimista y espero que de aquí a las próximas horas cuando se celebre ese Pleno haya algún tipo de acuerdo», ha apostillado.
«QUIÉN TIENE QUE CAMBIAR SU POSICIÓN ES EL GOBIERNO DE ESPAÑA»
Menos optimista se ha mostrado el presidente de Aragón, Jorge Azcón, quien ha señalado que «habrá esperar hasta el último momento, pero quien tiene que cambiar su posición es el Gobierno de España». A su entender, si «de verdad tuvieran una voluntad de negociar algo tan importante como es la Ley de Extranjería, horas antes» de su votación «no se habría mandado un whatsapp», en alusión al contacto entre el ministro Torres y Tellado.
Por su parte, el presidente de Murcia, Fernando López-Miras, ha asegurado que «no se puede apoyar una ley en la que las comunidades autónomas son decisivas y no se cuenta con las comunidades autónomas», buscando «imponer» esa norma.
Miras ha reconocido que «la situación que se está viviendo en Canarias es alarmante» y ha cargado contra un Ejecutivo de Sánchez por su «cero capacidad de gestión», dado que, a su juicio, «no ha hecho nada» durante dos años a pesar de que los ‘populares’ y sus gobiernos autonómicos lo han denunciado.
De la misma manera, el presidente de Galicia, Alfonso Rueda, ha señalado que «lo que no puede ser es que la Ley de Extranjería sea un paso más del Gobierno para sacarse de encima un problema y pasárselo a las comunidades autónomas». A su entender, lo que pretende es que sean las comunidades las que «arreglen una vez más un problema del Gobierno».
«Claro que tenemos que acoger a estas personas –ha dicho en referencia a los menores no acompañados–, pero no puede ser que lo hagamos sin ninguna condición y sin ninguna planificación», ha proclamado Rueda ante los periodistas.
A su llegada a la Junta Directiva, la presidenta de Baleares, Marga Prohens, ha indicado que el Govern que dirige será solidario en el reparto de menores extranjeros no acompañados, pero siempre que no se les imponga «absolutamente nada» y se tenga en cuenta que está recibiendo «la mayor oleada de inmigración irregular de la historia».
SE NECESITA LA «COLABORACIÓN» ECONÓMICA DEL GOBIERNO
En este punto, ha reclamado al Gobierno que cuente con «la excepcionalidad de las Islas Baleares» para abordar la reforma de la Ley de Extranjería, porque no solo se están saturando los servicios de acogida en Canarias, Ceuta y Melilla, y en Baleares ha aumentado «un 50% la inmigración irregular en comparación al año pasado».
El presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha asegurado que España se encuentra ante una crisis migratoria porque el presidente del Gobierno «lleva un año sin hacer nada o muy poco» y ha exigido que se tome «en serio» la situación y convoque una Conferencia de Presidentes autonómicos para abordarla. Tras subrayar que en Castilla y León son solidarios y quieren acoger a los menores, ha resaltado que «necesitan» la colaboración económica del Gobierno «que no llega, o es insuficiente».