La diputada del BNG Alexandra Fernández alerta de que la Xunta otorga una «barra libre» a las viviendas de uso turístico (VUT), incluidas todas las «ilegales». Esgrime que las viviendas turísticas eran 500 en Galicia en 2017 y ahora son 28.500, «un 5.700% más en siete años». De hecho, advierte de que hubo un incremento de 6.000 en tan solo dos meses, a un ritmo de 100 por día.

En una interpelación en el Parlamento gallego, Alexandra Fernández (BNG) ha alertado de una situación «insostenible» de las viviendas turísticas, con una «política de boicot sistemático» de la Xunta a los municipios, a los que busca «torpedear».

Y es que define como «un escándalo» que el Gobierno gallego da de alta las VUT «ilegales», con una norma que es un «coladero» a la vez que hace «oídos sordos sobre el descontrol que crearon». «La Xunta registra todo» y «luego los ayuntamientos que vaya denunciando una a una», con «todas las dificultades».

Contrapone que, mientras el PP «impone en Granada moratorias», «aquí ganan las tesis de la insensibilidad ante un malestar que no dejan de crecer», lo que acarrea un descenso de la oferta de vivienda de alquiler habitual.

LA XUNTA DEFIENDE SU REGULACIÓN

En respuesta, el conselleiro Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, ha defendido la normativa puesta en marcha de forma «pionera» por la Xunta con un decreto en 2017, con más de 24.000 alojamientos recogidos.

Recuerda que las entidades locales tienen competencia para regular o incluso prohibir, «pero es más fácil echar la culpa a la Xunta». Con todo, ofrece «diálogo» a los municipios sobre esta cuestión.

Reprueba al Bloque que solo critique a la Xunta y no al Gobierno, a quien demanda un «marco general único para todo el Estado», pues el Ejecutivo central llega «siete años más tarde» para hacer un registro.

Sostiene que la afirmación del Bloque de que se dan de alta las VUT ilegales es «maliciosa y completamente falsa». Si bien reconoce que la vivienda turística «creció de una forma significativa en los últimos años», no acepta que se haya hecho «sin control y sin reglamento».

Calvo también acusa al BNG de «turismofobia» y de que son «incapaces de ver los resultados espectaculares del turismo en Galicia», con siete millones de turistas en 2023, un sector con 130.000 personas ocupadas en la comunidad.

Especial atención ha dedicado al caso de Santiago, en donde «la señora Goretti» se comprometió en la anterior legislatura y en campaña a legalizar entre 600-700 VUT, pero luego hizo «totalmente lo contrario de lo que les prometió», según reprocha Calvo. Además, apunta que la normativa municipal permite a los propietarios de las VUT «hacer lo que les de la gana» durante dos meses al año.

Finalmente, el conselleiro ha informado de que el Observatorio da Vivenda de Galicia realiza un estudio sobre la influencia de las viviendas turísticas en el acceso residencial.

«Hay mucha gente que no quiere alquilar su vivienda en el mercado convencional», afirma Calvo, pues «se la pueden quitar, como dicen algunos».