El presidente del Parlamento de Galicia, Miguel Ángel Santalices, ha enviado una carta a la responsable de la Diputación de Pontevedra, Carmela Silva, en la que adjunta un informe de los servicios jurídicos de la Cámara que recuerda que «el deber de colaboración entre instituciones es un principio constitucional que incluye a los presidentes de las diputaciones provinciales».

El documento, al que ha tenido acceso Europa Press, reconoce que «la incomparecencia de un presidente de diputación provincial ante la Cámara no conlleva responsabilidad jurídica alguna, puesto que las normas que amparan el deber de colaboración y de buena fe constitucional no contemplan sanción para su incumplimiento».

En concreto, la misiva de Santalices hace referencia a la reunión que celebró este mismo martes la mesa de la comisión de economía en relación con la decisión de Silva de no comparecer para presentar los presupuestos del ente provincial pontevedrés.

La presidenta de la Diputación pontevedresa se lo trasladó a Santalices este lunes, también a través de una carta en la que, un año más, apela a la «autonomía local» para justificar su ausencia.

La comisión le ha pedido a Santalices que, a su vez, envíe a Carmela Silva el informe de los servicios jurídicos que analizó la mesa en relación con la comparecencia de las presidencias de diputaciones.

«DEBER GENERAL» SEGÚN EL CONSTITUCIONAL

Este informe reitera la argumentación y conclusión del que fue emitido en 2005, que alude a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional referida a «la colaboración entre sí de las diferentes organizaciones públicas que funcionan en el Estado».

En este sentido, destaca que «hay un deber general de colaboración recíproca» y añade que este deber «general y abstracto» se concretó en la petición dirigida a los presidentes de las diputaciones provinciales de que informasen sobre las líneas generales del presupuesto de la diputación correspondiente.

En opinión de los servicios jurídicos, «se creó un deber jurídico de comparecer en la comisión», con base en el hecho de que una parte de los gastos tanto corrientes como de capital de las corporaciones locales son financiados mediante transferencias y en que las políticas públicas «están hondamente interrelacionadas».

La finalidad, según precisa, es «recabar información por parte de los diputados a semejanza de las audiencias o ‘hearings’ del parlamentarismo anglosajón y no, por tanto, para realizar un control político que sí se ejercería sobre los representantes de la Xunta».

MODIFICACIÓN CON RANGO DE LEY EN 2017

Por otra parte, apunta a la modificación que introdujo la ley de acompañamiento a los presupuestos de 2017, que añadió un precepto, «enunciado como una regla jurídica con rango y fuerza de ley».

Este precepto «establece expresa y claramente la previsión de que ‘deberán comparecer ante la comisión parlamentaria competente, de acuerdo con el reglamento del Parlamento de Galicia, las personas titulares de la presidencia de las diputaciones».