El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha rechazado este viernes entrar a valorar la aplicación de la ley de amnistía a la malversación que se le atribuye al expresidente catalán Carles Puigdemont, recordando que son los jueces y los tribunales los que «tienen que determinar como interpretan» la norma.
Así lo ha dicho, en respuesta a preguntas de los medios, después de que se hiciese público que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, presentó este viernes un escrito en el que defiende que se debe aplicar la ley de amnistía al delito de malversación, algo a lo que, en principio, se oponía un informe de los fiscales del ‘procés’.
«Quienes aplican la ley en estos momentos son los tribunales, es la Fiscalía, y son ellos los que tienen que determinar como interpretan la ley y como deben de cumplirla», ha zanjado Puente.