El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha anunciado este domingo que el Gobierno «dará la batalla» legal por la indemnización que el Tribunal Supremo concede a la familia Franco por el Pazo de Meirás y para lo que pide la colaboración del «conjunto de las administraciones».
«Seguiremos defendiendo los intereses públicos», ha comprometido en una entrevista concedida este domingo a ‘Cadena SER’ y recogida por Europa Press. En ella, ha valorado las implicaciones que tiene la sentencia conocida esta semana, que confirma que el bien pertenece al Estado, aunque reconoce el derecho de los herederos del dictador a recibir una indemnización.
Esta cuantía se establecerá cuando se ejecute la sentencia; eso sí, en 2020, su abogado la cifró en un mínimo de 800.000 euros. «Es una parte del fallo que va a tener recorrido jurídico porque lo hemos consultado con la Abogacía del Estado. Nos dice que tendrá que ser trasladado a la Audiencia Provincial de A Coruña y ya veremos en qué acaba», ha concretado el ministro, preguntado al respecto.
A continuación, cuestionado específicamente por si el Gobierno recurrirá la setencia, Torres ha insistido en el «recorrido» legal que le trasladan que tendrá. También ha afirmado: «Vamos a dar la batalla, y espero que sea con el conjunto de administraciones, para que un uso de alguien privativo no tengamos que indemnizarlo con cantidades económicas».
En este sentido, ha asegurado que su departamento ya está en contacto con los servicios jurídicos de todas las administraciones implicadas, a las que además ha agradecido su implicación en el proceso realizado hasta ahora.
En todo caso, el ministro ha valorado el fallo como «una victoria de la defensa de lo público frente a lo privado y de la democracia frente al totalitarismo». Cuando conoció la noticia, estaba en una exposición sobre ‘la Nueve’, compañía integrada mayoritariamente por exiliados españoles en Francia y que fue la primera en entrar en París, en 1944, para la Liberación de Francia del yugo nazi. «Algo que fue usurpado regresa a las manos del interés general», ha concluido.
ABRIR MEIRÁS AL PÚBLICO
En cuanto al futuro de este bien, declarado recientemente como Lugar de Memoria Democrática, trabajará con Patrimonio Nacional y de la mano del resto de administraciones para alcanzar un «consenso» sobre su uso. Su propósito es «que pueda ser destinado al bien general» que entre todos se pueda «compartir».
Así, ha avanzado que ahora arranca un proceso para poder abrirlo al público y que sea un bien que recuerde «lo que allí se hacía y lo que era»: «Debe ser visitado y debe ser invertido en él lo que sea necesario».
Preguntado por la petición del BNG para que el Gobierno transfiera el monumento a Galicia, Ángel Víctor Torres no ha querido «adelantarse» a su posición, ya que aún no han tenido tiempo de analizar y estudiar la propuesta.
RELACIÓN «BUENA» CON LA XUNTA
Por otra parte, el titular de Política Territorial ha calificado como «buena» la relación del Gobierno con Rueda: «Hemos llegado a más acuerdos desde el 2019 hasta hoy que en los años anteriores». Además, cree que es «más fácil» entenderse con él que con otros presidentes autonómicos, en los que ve una «aversión permanente» que no ha encontrado en el gallego.
Preguntado por la reclamación de la Xunta para que se trasladen los cerca de 200 expedientes del litoral restantes, ha asegurado que «cumplirá» con el compromiso adquirido: «Yo fui presidente autonómico y también me quejé después de firmar ese traspaso porque quería que todo fuera más rápido. No es sencillo. Tardamos más de un año y aquí va a ocurrir igual. No en que se tarde un año, sino en que lo vamos a hacer bien, con consenso y en colaboración con la Xunta».
También ha manifestado que espera que este año se produzca el traspaso de la competencia de permisos de trabajo para personas migrantes, en la que ya trabajan para que se produzca.
