El Partido Socialista ha pedido la dimisión del alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, tras conocerse la sentencia del juzgado de los social número 1 de la ciudad, que declara nulo el cese del interventor del Ayuntamiento local y considera «constitutiva de acoso laboral» la conducta del regidor.

El Partido Socialista ha pedido la «dimisión inmediata», mientras que los otros dos partidos de la corporación -Partido Popular y Bloque Nacionalista Galego— cuestionan quién hará frente a la indemnización de 30.000 euros que debe pagar el ayuntamiento al interventor municipal, Gonzalo Alonso.

La sentencia recoge y tipifica una conducta que para los miembros del grupo municipal socialista «no resulta ajena». La edil de la formación, María Fernández, subraya que «el continuo abuso de su posición con difamaciones, calumnias e insultos que exceden con mucho la crítica política» son «una constante» en el salón de plenos del ayuntamiento.

El juez afirma en su escrito que el regidor «inició una campaña de desprestigio» hacia el interventor municipal «sin otra finalidad que la de justificar ante la opinión pública el futuro cese de su puesto» por «resultar un funcionario incómodo».

Ante estas afirmaciones, así como ante el hecho de que lo apartase de sus trabajos a pesar de existir un informe el Ministerio de Hacienda que se «opone radicalmente» a ello, los socialistas consideran que la dimisión del regidor municipal debe «producirse inmediatamente».

«Esta no es la primera denuncia a la que se enfrenta el alcalde y el ayuntamiento, y refleja a lo largo sus 18 páginas la situación tóxica y de peligro para la salud mental y laboral de los trabajadores municipales, así como de los miembros de la corporación», reclaman los socialistas, que recuerdan que se trata de las segunda sentencia de este estilo bajo el bastón de mando de Pérez Jácome, después de que la jefa de la policía local, María Barrera llevase, al juzgado por acoso laboral al alcalde y también saliese indemnizada con 30.000 euros.

Precisamente sobre la indemnización se hacen preguntas desde el PP y el BNG. Los populares rechazan «todas las prácticas de acoso y hostigamiento» a los trabajadores municipales, con las que critican «el alcalde lleva años deteriorando el clima de trabajo» del ayuntamiento.

A la vez se preguntan «quién pagará los 30.000 euros», si «van a ser todos los ciudadanos o el alcalde que fue quien cometió el acoso al interventor, simplemente por realizar su trabajo».

Por su parte, desde el BNG celebran que la nulidad del cese del interventor «confirme» que se trata de una «persecución y caza de brujas, contra todos aquellos funcionarios que simplemente hacen su trabajo, con objetividad y rigor, pero no son dóciles a los intereses de la alcaldía».

El Bloque considera que lo sucedido «responde a la incapacidad manifiesta» del regidor, al que acusan de «buscar culpables ante la insostenible situación económica» en la que «ha asumido» al ayuntamiento.

Al igual que los socialistas, ponen el foco en que se trata de la segunda sentencia que condena al ayuntamiento por acoso a una indemnización de 30.000 euros «que saldrá de los bolsillos de los vecinos», lamentan.

Además de los partidos políticos también ha reaccionado la sección sindical de Comisiones Obreras, ha solicitado la dimisión del alcalde «por el continuo ataque a los trabajadores» del consistorio «con injurias, mentiras, insultos y por último acoso laboral».