El Parlamento gallego ha escogido este miércoles a los portavoces de PP, BNG y PSdeG, Alberto Pazos Couñago, Ana Pontón y José Ramón Gómez Besteiro, respectivamente, para acudir al Congreso de los Diputados el próximo 11 de junio a defender la ley de transferencia de la titularidad de la AP-9 a Galicia.
Será la cuarta vez en siete años que se tramite en Madrid esta norma que parte de la Cámara autonómica. A tal efecto, este miércoles se ha elegido por votación en urna a Pazos Couñago (38 votos, ya que faltaban dos diputados populares), Pontón (26 votos, al sumar los 25 del Bloque y, presumiblemente, el del diputado de Democracia Ourensana, Armando Ojea) y Gómez Besteiro (9 votos, todo el grupo del PSdeG).
Al comunicar el resultado de la votación, el presidente del Parlamento, Miguel Santalices, ha deseado «mucha suerte» a los tres portavoces y ha bromeado con que, si vuelven «con el objetivo cumplido» de transferir la titularidad de la AP-9, va a Padornelo para saludarlos y recibirlos «si es necesario».
Y es que en diciembre de 2023, por cuarta ocasión en siete años, el Parlamento de Galicia aprobó por unanimidad –esta vez promovido por el PP– el texto legislativo para su remisión al Congreso con el objetivo de conseguir este traspaso. Desde 2016, los diferentes acuerdos en la Cámara gallega no han fructificado por el fracaso de las leyes en su tramitación en las Cortes Generales.
La demanda para que la gestión de la autopista que vertebra la fachada atlántica gallega vuelve a salir del Pazo do Hórreo rumbo a Madrid, adonde llegará de nuevo con una serie de demandas en materia económica al Estado como principales novedades.
Entre estas figura una mención a que será la Administración del Estado quien asuma las posibles consecuencias económicas que deriven de una hipotética anulación de la prórroga de la concesión a Audasa hasta 2028, asunto que está en estudio por la justicia europea por una posible infracción de la normativa comunitaria en materia de competencia.
Esta cuestión fue incorporada durante el proceso de tramitación en la Cámara gallega a través de una enmienda del BNG que fue aceptada para su inclusión en el dictamen final por el PP. Esta ha sido la única aportación al texto original presentado por los populares, que añadieron una serie de obligaciones a hacer frente por parte del Estado en asuntos como la extensión de las bonificaciones de los peajes o la ejecución de obras de remodelación o ampliación de la infraestructura.
