La Cámara gallega ha aprobado este miércoles instar al Gobierno del Estado a realizar las modificaciones legales pertinentes para que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, así como los funcionarios de Vigilancia Aduanera, gocen de la consideración de profesión de riesgo.
La iniciativa, defendida en la Comisión Primera del Parlamento de Galicia por la diputada del PP Paula Prado, muestra el apoyo del Legislativo gallego a la «legítima demanda» de los miembros de la Guardia Civil y de la Policía Nacional (incluía la Unidad Adscrita a Galicia) de tener esta consideración. La proposición ha contado con el apoyo de PSdeG y Democracia Ourensana y la abstención del BNG, que ha acusado al PPdeG de tratar de buscar la «confrontación».
En su intervención y tras reconocer la labor de los efectivos, Paula Prado ha apelado a reflexionar sobre los riesgos a los que día a día se enfrentan las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en el desempeño de su labor, así como sobre el tratamiento que reciben por parte de la Administración que dependen, el Gobierno del Estado.
La parlamentaria popular ha sostenido que en lo que va de año ya se han registrado 170 agresiones a agentes de la Guardia Civil y que, pese a que el Código Penal castiga con penas de uno a cuatro años y multas de tres a seis meses los atentados contra la autoridad, «en realidad las condenas suelen reducirse a una mera falta» que hace que «una agresión a un policía se salde con una multa de 50 euros».
«Coincidirían conmigo en que no es de recibo que nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad sigan siendo un saco de boxeo», ha sostenido Paula Prado, que considerado que «sale barato golpear». Todo ello, ha indicado, ante la «pasividad» del Ejecutivo estatal que «lleva años negándose a actuar y a facilitar los medios y los recursos necesarios para proteger a quien nos protege».
La parlamentaria el PP, además, ha recordado que los profesionales que tienen reconocido el riesgo tienen la opción de solicitar la jubilación anticipada cobrando el 100% de la prestación, mientras que el resto tiene que esperar hasta los 65 años «si no quieren ver mermada su pensión».
La diputada popular ha emplazado al BNG a posicionarse sobre esta iniciativa para sacar a la luz su «desprecio a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado» y al PSdeG para decidir si «sigue imitando a sus superiores de Madrid poniéndose de perfil sobre esta cuestión».
«BUSCAR LA CONFRONTACIÓN»
Al respecto, el parlamentario del BNG Iago Tabarés, que ha defendido una enmienda que sería rechazada por el grupo mayoritario para que las mariscadoras del mar también tuviesen esta consideración para poder beneficiarse de la jubilación anticipada, ha acusado a la diputada del PP de llevar a la Cámara gallega una iniciativa «reproducida» letra por letra a las registradas en el Congreso y en el Senado con el único objetivo de «buscar la confrontación».
«Estoy convencido que al Partido Popular poco le importan las fuerzas y cuerpos del Estado. Nada, simplemente es un argumento para buscar la confrontación», ha afirmado.
Tras la intervención de Tabarés, ha tomado la palabra el diputado de Democracia Ourensana, Armando Ojea, quien ha considerado que «caben pocas dudas de que esa profesión es una profesión de riesgo».
Por su parte, la socialista Paloma Castro ha calificado de «tomadura de pelo» que el PP «se haga abanderado de esta iniciativa» cuando durante la etapa del PP en el Gobierno del Estado, pese a estar las plantillas «mermadas» no reivindicaron «ningún derecho» para este colectivo. Tras ello, ha explicado que el Ministerio de Interior ya trabajan para dar una solución a la problemática de estos profesionales.
En la sesión, no ha sido aprobada, al contar con el voto en contra del PPdeG, otra iniciativa, en este caso defendida por el PSdeG, que pedía que la Xunta asumiese la gestión de las Unidades de Atención a la Drogodependencia y que refuerce la partida destinada a la lucha contra el narcotráfico.
