El portavoz del BNG en el Congreso, Néstor Rego, lleva a debate en la Comisión de Industria una iniciativa a través de la que insta al Ejecutivo español a abordar la intervención pública de Alcoa y otras medidas para asegurar la actividad de la planta en A Mariña y los puestos de trabajo.

De ello ha informado el BNG en un comunicado, en el que el parlamentario del Bloque traslada al Gobierno que la amenaza de cierre de actividad de la planta de San Cibrao, en Lugo, «parece confirmar la intención de la empresa de deshacerse de la factoría» como ya hizo en Avilés y A Coruña.

El diputado del Bloque, que avisa de las nefastas consecuencias que esto traerá para la economía de la comarca de A Mariña, subraya que, si se confirma esta amenaza, el Gobierno español debe apostar por la nacionalización de la factoría.

«Ni el marco normativo gallego, ni el del Estado, ni el de la UE impiden la intervención pública de esta industria estratégica» y que incluso hay pronunciamientos del Congreso en este sentido.

Además, Rego recuerda que el Ejecutivo acaba de intervenir en Telefónica para evitar su control por capital saudí. «La intervención, aunque fuera temporal para después buscar un operador con un proyecto industrial fiable y de continuidad, es un mecanismo que el Gobierno debe estar dispuesto a activar», señala.

LA DIRECCIÓN DE ALCOA «JUEGA CON EL ACUERDO» El diputado del BNG en el Congreso recuerda que el acuerdo firmado en diciembre de 2021 implicaba el cese temporal de la producción con la condición de mantener los puestos de trabajo cuando se reiniciase la actividad dos años después (enero de 2024), además de mejoras en la planta. Además, indica que llegó el año 2023 y Alcoa propuso ampliar los plazos para el arranque, un retraso que fue aceptado por el personal de forma que la reanudación total de la actividad será en 2025.

Con todo, lamenta que «Alcoa vuelve a cuestionar el futuro de la planta y, por encima, reclama una nueva modificación del acuerdo». «La empresa debe cumplir con los requisitos firmados», subraya Rego, que considera que la reacción de la compañía es fijar posición de cara a la convocatoria de la mesa de seguimiento prevista para el 4 de abril.

Así las cosas, Rego defenderá en la Comisión de Industria la adopción de medidas urgentes por parte de las distintas administraciones para garantizar la continuidad de la factoría y de los empleos.

En este sentido, emplaza al Ejecutivo a actuar sobre los precios de los costes de la energía eléctrica. Además, exige la reforma del Estatuto del Consumidor Electrointensivo para incluir la figura de las empresas hiper electrointensivas y garantizar la máxima compensación por CO2 permitida por la UE, así como agilizar la efectividad de las PPAs suscritas por la empresa, entre otras medidas.

En todo o caso, Rego reclama al Gobierno que, si fuese necesario, active la intervención pública de Alcoa para garantizar la continuidad de la actividad y el mantenimiento de todos los puestos de trabajo en A Mariña.