El BNG ha acusado al PPdeG, desde al Xunta, de hacer un «auténtico boicot» a la declaración de zonas tensionadas para «que no se limiten» los precios de los alquileres.

La diputada de la formación nacionalista Alexandra Fernández ha remarcado el «brutal incremento de precios» en Galicia, «especialmente» en ámbitos urbanos y zonas con presión turística, y ha criticado que la Administración gallega en «lugar de intentar poner freno a la situación trabaja para que no se apliquen los topes de los precios».

En palabras de Fernández, «todas las actuaciones» de la Xunta «van encaminadas» a «poner trabas» a la limitación de precios y «para muestra» la reforma de la ley de la vivienda, hecha «por la puerta de atrás», utilizando ley de acompañamiento de los presupuestos de 2024.

«La Xunta intentó eximirse de sus responsabilidades como Administración competente en vivienda desviando su responsabilidad en la tramitación de áreas tensionadas a los ayuntamientos, y atar a las administraciones locales de pies y manos, con una serie de exigencias para que ningún ayuntamiento consiga sacar adelante la declaración de zona tensionada», ha explicado la del BNG.

Entre esas «exigencias», ha detallado, se encuentran, por ejemplo, la «obligatoriedad» de realizar una mesa con la patronal inmobiliaria y «contar con su visto bueno», así como que «a pesar de cumplir» con los criterios establecidas con la ley, la Xunta se «reserva la capacidad» de tomar la decisión final o «dejar caer» la propuesta, en base a «criterios tan abstractos» como «posibles efectos negativos» en base a las «actas de la mesa patronal».

Alexandra Fernández ha recordado que, «ante la exigencia» de contar con el «visto bueno de la patronal», los objetivos de la limitación de precios es «garantizar» el derecho social de acceso a una vivienda digna ante un «aumento brutal» de los precios.

La modificación introducida «pasa por encima» de ese derecho pero el PPdeG, ha denunciado Fernández, «solo busca blindar beneficios empresariales por encima del derecho a la vivienda».

Para ello, establecen que «aunque se cumplan» los criterios para declarar un área como tensionada, la patronal y la Xunta, «en complicidad, puedan paralizar la declaración para mantener beneficios».

PRIMERA DECLARACIÓN DE ÁREAS TENSIONADAS

De esta forma, el BNG ha exigido «un cambio de actitud» de la Xunta y que abandone el «permanente boicot» a las «propuestas útiles para Galicia».

Fernández ha asegurado que el Ejecutivo gallego «debe usar las competencias propias» para «adecuar la aplicación» de las áreas tensionadas a la realidad urbana de la comunidad.

Por ello, la formación nacionalista ha solicitado la elaboración de la «primera declaración de áreas tensionadas de Galicia, con una perspectiva global como ya hizo Cataluña».

INTERVENCIÓN DE LOS PRECIOS

La intervención de los precios del alquiler, ha subrayado, «debe ir más allá» de los topes de precios e ir acompañada de políticas de vivienda que «contribuyan a rebajar los precios».

Para ello, han expuesto medidas de actuación sobre la vivienda vacía, la planificación y regulación de usos del parque residencial (VUT), impulso de la vivienda pública y la vivienda protegida, y los topes de precios.

El BNG entiende que esos cuatro ejes «constituyen el armazón» para la intervención sobre los precios de la vivienda «activándolos de manera conjunta».