La Comisión de Industria del Congreso de los Diputados ha aprobado este martes una iniciativa del Grupo del Partido Popular de apoyo a la industria electrointensiva, pese al rechazo del PSOE y de Sumar.

Fue el portavoz de Industria del PP, Francisco Conde, el encargado de defender esta proposición no de ley, que exige al Gobierno dedicar el 25% de los ingresos por emisiones de dióxido de carbono (CO2) para que las empresas electrointensivas dispongan de un precio estable y competitivo.

En el plan de apoyo a dicha industria que planteó el PP también se reclama la aprobación, con carácter «inmediato», de un marco de suministro eléctrico «competitivo, estable y predecible» para las compañías electrointensivas, así como modificar el estatuto de los consumidores para que las empresas españolas compitan en igualdad de condiciones que las europeas.

La proposición no de ley plantea, además, mecanismos para reducir el precio eléctrico de la industria, mantener de manera permanente la bonificación de peajes del 80% y activar las subastas de energía de fuentes renovables específicas.

Según la iniciativa del PP, el Gobierno discrimina al sector, lamentando que la política industrial «ha ido de más a menos». «La política energética de este país es un ‘no’ al empleo, a la captación de inversiones y a la competitividad de nuestras empresas», ha subrayado Conde, quien ha celebrado que haya salido a delante la proposición no de ley.

Él ha criticado que el precio final que asume esta industria en España es tres veces superior al de Francia o Alemania y ha apuntado a la «incapacidad» del Ejecutivo para establecer un precio «estable y competitivo» tres años después de aprobarse el decreto sobre el estatuto de consumidores.

Para los ‘populares’, la escalada de los precios energéticos ha conducido a estas empresas a una pérdida de competitividad, que se traduce en recortes de producción o en su deslocalización hacia otros países.

Conde ha puesto de ejemplo firmas significativas como Alcoa, en la Mariña lucense, que está amenaza con un posible cierre, según ha recordado; así como Arcelor, en Asturias, que ha decidido no acometer la inversión prevista, aún con una ayuda de 450 millones; o Frerroglobe, en Cantabria y Galicia, que han tenido que desviar su producción a otros países.