El conselleiro do Medio Rural, José González, ha afirmado que la Xunta está «a disposición de ejecutar cualquier sentencia que sea firme». La sección tercera de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha emitido un auto en el que apremia a la Xunta para que informe sobre la ejecución de un fallo que reconoce el derecho de las granjas de carne de menos de 10 vacas –que no sean de autoconsumo y tengan declarados ingresos por la actividad– a cobrar la ayuda que este departamento habilitó durante la crisis de la covid-19, en el año 2020.
A preguntas de la prensa este viernes tras ese requerimiento del TSXG, el conselleiro ha indicado que este caso «está en incidente de ejecución». «En su caso, si nos requieren, evidentemente, será contestado», asegura. «En su momento optamos por una línea de financiación que entendíamos que era la correcta», defiende.
En un auto, con fecha del 1 de marzo de 2024, al que ha tenido acceso Europa Press, el TSXG da un plazo a la Consellería de Medio Rural para que traslade a la Sala «las diligencias practicadas para el cumplimiento de la sentencia» o, en caso contrario, aclare «la causa que se lo impida».
Este auto se emite a raíz de la petición realizada por el Sindicato Labrego Galego (SLG) para que se cumpla el fallo, pues en su día le dio la razón el TSXG en sentencia de 2022, ratificada por el Tribunal Supremo. Y es que solo se concedió el apoyo a explotaciones con un mínimo de 10 vacas nutrices.
El Sindicato Labrego Galego calcula que más de 10.000 granjas de carne se vieron perjudicadas por esta orden, con ayudas mínimas de 600 euros, lo que supone un desembolso pendiente de más de 6 millones de euros por parte de la Xunta.
PACTOS DE PRECIOS EN SECTOR CÁRNICO
Por otra parte, cuestionado por los medios en relación con la denuncia presentada por Unións Agrarias (UU.AA.) ante organismos de control y competencia contra las industrias cárnicas por incumplimientos de la ley de cadena alimentaria mediante un supuesto pacto de precios, José González se ha mostrado «a favor de la prohibición de la venta a pérdidas».
No obstante, señala que se necesita que haya «seguridad jurídica en la acreditación de los costes de producción». «Si no, podemos generar un efecto negativo en los agricultores y ganaderos que piensan que están protegidos si van a un tribunal y, si no son capaces de acreditar los costes de producción, no van a ser tampoco capaces de hacer efectiva la prohibición de venta a pérdidas», afirma.
Considera que hay que «ser capaces de acreditar con efectividad los costes de producción». Opina que los productores deben vender con precios que cubran costes de producción «más un margen de beneficios», ya que «son empresarios que tienen que tener sus rentabilidad» en pro de la «sostenibilidad económica».
Recuerda que hay diferentes estudios realizados que ha impulsado la Xunta en el sector cárnico, pero cree necesario «mayor fineza jurídica para poder que esos estudios de costes de producción tengan más efectividad».
