El Partido Popular ha pedido en el Senado el traspaso a Galicia de la gestión de los fondos europeos y ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de «discriminar» a la Comunidad gallega.

El portavoz adjunto del PP y senador por Lugo, José Manuel Barreiro, ha defendido una moción para que el Ejecutivo estatal transfiera fondos europeos a Galicia para su gestión directa, una iniciativa que previsiblemente será aprobada en el pleno de este miércoles.

De ello ha informado el PP en un comunicado, en el que señala el Gobierno tendrá que transferir los fondos europeos a Galicia para su gestión directa para dar cumplimiento a la moción.

Barreiro ha asegurado que la moción nace de la preocupación y la indignación del uso de los fondos europeos por parte del Gobierno y tiene por objeto defender Galicia y su industria «aunque sea intención de Pedro Sánchez seguir discriminando esta tierra».

«No queremos ser más que nadie, pero tampoco menos», incide el senador, que explica que cuando el Gobierno decidió gestionar los Fondos Next Generation para fortalecer la industria, «lo hicieron como suelen: con un diseño errático, sin una coordinación con las administraciones autonómicas, ni en su planteamiento, ni en su gestión».

Esto, según ha señalado, se traduce en una «falta de encaje en las convocatorias». Así, ha sostenido que de los 33.556 millones de euros incluidos en los fondos adicionales del Plan de Recuperación, el Gobierno ha resuelto 9.758 millones –parte de ellos por transferencias directas– de los que 194 millones han sido asignados a Galicia, un 0,58% del total.

«No me vayan a decir que esto no es una clara discriminación para los gallegos», afirma el dirigente popular, que señala que, en el caso concreto de los PERTES, de los siete proyectos estratégicos que presentó el Gobierno de Galicia, con 2.000 millones de inversión prevista y la creación de cerca de 3.700 empleos, «solo han recibido apoyo por importe de 30 millones de euros», destaca.

Por ello, el senador popular ha afeado la «soberbia» del PSOE ante la propuesta del Grupo Popular, aunque recuerda que quedan tres años para la aplicación de los fondos, considera que el Gobierno ha demostrado ser «absolutamente incapaz» y que «no tiene intención ni voluntad de corregir la situación».

Además, tras recordar que presentaron diferentes iniciativas, todas aprobadas en el senado, ha censurado que «el PSOE no respete la voluntad» de esta cámara. «Y claro, lo que pasa es que ya no son creíbles, por eso el pueblo gallego les han dado una buena lección el pasado domingo», ha afirmado.

DISCRIMINACIÓN A GALICIA

En su intervención, además, Barreiro ha llamado la atención sobre la «baja eficacia» en la ejecución de los fondos y la desigualdad de oportunidades entre proyectos y, por lo tanto, entre territorios, por el modo de actuar del Ejecutivo.

Así, ha puesto el foco en los Pertes VEC al asegurar que las entidades gallegas han sido beneficiarias de algo menos del 2% del total resuelto, cuando Extremadura figura como la primera beneficiaria, con 300 millones de euros solo para un proyecto.

«Mientras, Galicia sigue esperando que el Gobierno se pronuncie acerca de varios proyectos, como el de Altri para la implantación de una fábrica de fibras textiles a base de celulosa, con más de 190 millones de inversión y 2.500 empleos», ha dicho el portavoz adjunto del PP en el Senado, que ha mostrado su indignación, «porque mientras Sánchez se comprometió en julio de 2022 con el presidente de la Xunta, «el ministro del ramo se enteró de ello en diciembre, y la vicepresidenta afirmó en Vigo que no ‘tocaba’ hablar del tema».

«¿Cómo no vamos a estar preocupados si esto les da igual?», ha preguntado para insistir en que el PP plantea una fórmula que «agilice la gestión de fondos y sea eficaz», en la que es «imprescindible» la participación de las comunidades «por la cercanía y el conocimiento de la realidad de cada territorio».

Por último, ha sostenido que la discriminación de Sánchez a Galicia es manifiesta y recuerda que el sector naval, «pilar fundamental» para Galicia, recibe menos del 4% de la inversión del Gobierno central y al sector del vehículo eléctrico conectado, el 7%.