Los votos del Partido Popular han rechazado la petición de comparencencia del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, solicitada por el BNG en la Diputación Permanente de la Cámara autonómica para que aportase información sobre las acciones del Gobierno gallego ante la situación en la factoría de Alcoa en San Cibrao –Cervo (Lugo)– por las dudas sembradas por la multinacional sobre el cumplimiento del acuerdo para reactivar las cubas.

Reunida este lunes, la Diputación Permanente del Parlamento gallego ha debatido la petición de los nacionalistas, que, a través de la parlamentaria Olalla Rodil, ha defendido la necesidad de que el «por el momento» presidente de la Xunta acudiese a la Cámara para poner «luz y taquígrafos» sobre las gestiones hechas ante una nueva fase de «amenazas» por parte de la multinacional estadounidense.

En la jornada en la que Alcoa ha iniciado el proceso para reactivar las dos primeras cubas de las 32 que en 2020 se comprometió a poner en marcha en un acuerdo suscrito con los trabajadores que la compañía amaga con no llevarlo a cabo desde hace meses, los grupos han debatido en torno al futuro de la actividad de producción de aluminio en la Mariña luguesa.

Los tres –populares, nacionalistas y socialistas– han coincidido, además de en llamamientos a la unidad de acción desde el frente político e institucional, en apuntar a la intervención de la planta como posible vía para garantizar el mantenimiento de la actividad en San Cibrao, si bien han manifestado distintos puntos de vista sobre la forma de ponerla en práctica.

Mientras que el PP –de la mano de su diputado José Manuel Balseiro– reiteró, en la línea de lo expresado por el presidente Alfonso Rueda, que vería con buenos ojos una intervención de la planta siempre que sea liderada por el Gobierno central, al que ha echado en cara que «no» aportase soluciones durante estos últimos años a los problemas de precio de la energía de Alcoa como industria electrointensiva, ni «autorizase en plazo» los parques eólicos orientados a producir energía para el complejo mariñano.

Tras incidir en la importancia de «actuar» desde las instituciones «con lealtad, seriedad, rigor y una estrategia conjunta con medidas que sean legalmente viables» y defender la actuación de la conselleira de Economía, María Jesús Lorenzana, en las últimas semanas; Balseiro ha acusado al BNG de actuar «en modo de campaña» con la situación de Alcoa, en la que van «agarrados a la pancarta» junto a los trabajadores mientras «montan plataformas contra los eólicos» o intentan «bloquear la continuidad de la balsa de lodos» de la planta.

BNG: «AMENAZAS» DE ALCOA EN CAMPAÑA

Antes del turno del grupo mayoritario, Rodil (BNG) había incidido en que las «amenazas» de la compañía con sede en Pittsburg «siempre coinciden con las campañas electorales» como la que vive Galicia en estos momentos, una posición que ha remarcado que no puede ser tolerada por las administraciones, que deben, según la nacionalista, garatizar el cumplimiento de las inversiones comprometidas en la factoría.

A partir de ahí, la diputada ha subrayado que «la única garantía» de que se mantenga la actividad industrial en el complejo del norte de la provincia de Lugo pasa por que la Xunta y el Gobierno del Estado «inicien una intervención pública a dos bandas».

Por ello, reclamaban la comparacencia de Rueda ante el órgano que mantiene la actividad en la Cámara autónomica hasta la constitución de un nuevo Parlamento tras las elecciones para que diese explicaciones sobre las reuniones mantenidas en los últimos días y cuál es «la hoja de ruta» para tratar de mantener los puestos de trabajo en la única factoría de aluminio primario de todo el Estado.

PSOE PIDE A BNG CONCRECIÓN

Por su parte, la parlamentaria socialista Patricia Otero también manifestó que su partido no cierra la puerta a una intervención pública de la factoría como camino para que se mantenga la actividad «si es necesario». En este sentido, y después de remarcar el «compromiso firme» del Gobierno central con los trabajadores de Alcoa, Otero instó a la Xunta a «concretar» si estaría dipuesta a apoyar esta intervención «con fondos propios».

En su turno también se detuvo en la postura del Bloque, al que Otero instó a actuar con «rigurosidad» y, para que «no quede sólo en un eslógan», aclarar «qué tipo de intervención defiende», si una nacionalización, una participación pública o una de carácter temporal.

Y es que, según ha remarcado Otero, este tipo de «declaraciones» faltas de «concreción» suponen «dar un balón de oxígeno a quienes quieren cerrar la factoría» de A Mariña.

EVITAR LO QUE OCURRIÓ EN AVILÉS Y A CORUÑA

En su turno de cierre, Olalla Rodil ha lamentado el «pimpampúm de a ver quién tiene más culpa» sobre la situación de incertidumbre que afecta a la fábrica de Cervo, al tiempo que ha incidido en que la política industrial «no puede ser un acto de fe» que suponga «confiar en la palabra de una empresa que lleva años manipulando, mintiendo y jugando con los gobiernos».

Así, Rodil ha puesto de ejemplo lo ocurrido en las plantas de la propia Alcoa en Avilés (Asturias) y A Coruña, cerradas por «confiar» en la palabra de las empresas, por lo que ha apelado a tomar ejemplo para «no permitir» que pase esto en San Cibrao.

PAULA PRADO

Sobre Alcoa ha sido preguntada en una comparecencia ante los medios la secretaria general del PPdeG, Paula Prado, quien se ha limitado a manifestar que los populares exigen al Gobierno central que «cumpla lo que lleva prometiendo en dos procesos electorales: un estatuto para las electrointensivas que sigue sin cumplir».

«Seguiremos trabajando al lado de los trabajadores y exigiendo tanto a la empresa como al Gobierno de Esapaña que cumplan sus compromisos», ha zanjado.