Los grupos de la oposición han avisado de que la memoria anual presentada el lunes por la valedora do Pobo, María Dolores Fernández Galiño, alerta del «deterioro» de los servicios públicos, mientras que el PP ha sostenido que la defensora gallega «reconoce» alguno de los «esfuerzos» hechos por la Xunta de Galicia en este ámbito.
En la rueda de prensa posterior a la reunión de la Xunta de Portavoces en la Cámara gallega, el portavoz parlamentario del PSdeG, Luis Álvarez, ha advertido de que texto evidencia un «deterioro» en la prestación de los servicios públicos, especialmente en lo relativo a la falta de atención presencial en las unidades administrativas de la Xunta y también en lo relacionado con la prestación de servicios sociales.
Por ello, ha considerado que llama la atención que la conselleria de Política Social, Fabiola García, vaya a comparecer en el pleno que acogerá el Parlamento gallego la próxima semana para hablar sobre las escuelas infantiles ya iniciado el curso escolar «cuando lo suyo sería que hablase de cuál es la situación de abandono» de las personas mayores de Galicia.
«No hay personal suficiente para valorar su grado de dependencia, no hay plazas suficientes para atender a las personas dependientes ni en residencias ni en centros de día», ha dicho el dirigente socialista, que ha recordado que el PSdeG lleva «varios años denunciando» esta «realidad» que el documento presentado por la valedora do Pobo «constata».
«Alerta de un deterioro importantísimo de los servicios públicos y es algo que el señor Rueda tendrá que analizar y responder en la sesión de control», ha apuntado.
DEPENDENCIA Y DISCAPACIDAD
Por su parte, el viceportavoz nacionalista Luis Bará ha explicado que, a falta de realizar un análisis exhaustivo del documento, es importante poner el foco y dar respuesta a todo lo que tiene que ver con las políticas sociales.
Así, ha recordado que la memoria del Consello Económico e Social (CES) correspondiente a 2022″ avisa de que «Galicia está en las últimas posiciones del Estado en inversiones per cápita en general en políticas sociales, tanto en sanidad como en educación y, especialmente, en las políticas que tienen que ver con la dependencia y la discapacidad».
El parlamentario nacionalista ha sostenido que este hecho afecta especialmente a las familias con menos recursos, que están en situación de riesgo de exclusión y pobreza. «Según los últimos datos disponibles eran sobre 632.000 personas», ha advertido Bará, que ha considerado necesario movilizar recursos para atender las necesidades básicas de las personas que necesitan atención de «todas las administraciones públicas».
EL PP ASEGURA QUE EL INFORME RECONOCE LOS ESFUERZOS DE XUNTA
Por su parte, el portavoz de los populares gallegos en el Pazo do Hórreo, Alberto Pazos, ha destacado que el texto «reconoce alguno de los esfuerzos de la Xunta en esta materia» y ha dicho que el PPdeG «siempre escucha con enorme interés» las aportaciones que pueda realizar la defensoría gallega.
«De hecho, algunas en materia de política social ya han sido recogidas por la consellería por ser interesantes para mejorar el funcionamiento de los servicios», ha dicho Pazos, que ha asegurado que están «enormemente satisfechos del funcionamiento de la sanidad pública gallega» y que «el compromiso de Galicia en materia de política social es reconocido por el conjunto de los gallegos».
Con todo, ha destacado que «siempre están abiertos a cualquier sugerencia que pueda mejorar el funcionamiento» y para «intentar acercarse cada día más al ideal de servicio público que los gallegos merecen».
