El PP gallego ha registrado una iniciativa en el Pazo do Hórreo, que firman todos sus diputados, con el presidente Alfonso Rueda al frente, en la que pretenden que el Parlamento gallego acuerde como resolución «rechazar cualquier tipo de amnistía o indulto generalizado para cualquier grupo de ciudadanos, cualquiera que sea su delito».

La iniciativa de impulso, que los populares registran para su debate en pleno por el trámite de urgencia, también avala considerar que «el imperio de la ley es la expresión de la voluntad popular, tal y como establece el preámbulo de la Constitución», y que «compromete a todos los poderes a su cumplimiento».

En tercer lugar, se anima a los dos partidos mayoritarios en el Estado a buscar acuerdos llamados a evitar que «la sociedad española esté sometida a las condiciones ilegales de partidos independentistas».

Los populares justifican la urgencia por la «relevancia» que, a su modo de ver, tendría desde el punto de vista democrático constitucional la aprobación de una Ley de amnistía o de indulto general, a la que temen en el marco de las negociaciones con los independentistas catalanes para una hipotética investidura del socialista Pedro Sánchez.

DIFERENCIAN DE LA AMNISTÍA DEL AÑO 77

A las puertas del debate de investidura de su jefe de filas, Alberto Núñez Feijóo, que previsiblemente no saldrá adelante al no contar con los votos suficientes, y del acto contra la amnistía de Madrid de este domingo, para el que se han fletado autobuses desde Galicia y otros territorios, los populares registraron esta iniciativa en la Cámara en la pasada jornada.

En su exposición de motivos, se diferencia la situación actual de la amnistía del año 1977, cuando, sostienen los populares, «era una demanda social y una necesaria e imprescindible impugnación del ordenamiento jurídico de la dictadura». «Fue uno de los instrumentos con los que se puso punto y final a la represión que sufrió una parte de la sociedad española y uno de los grandes acuerdos que consolidaron nuestro camino a la democracia», esgrimen.

Sin embargo, se apunta que durante la tramitación de la Constitución de 1978 se debatió sobre la cuestión de la amnistía, con enmiendas para que las Cortes pudiesen tener esa competencia, pero fueron rechazadas, y «se aprobó el artículo 62, que prohíbe indultos generales». Sostiene el PPdeG que el perdón, que sí está regulado en la Ley del indulto, «debe ser individualizado y nunca general».

La iniciativa recuerda, a renglón seguido, el «intento de resurrección por parte de los poderes públicos» de Cataluña en 2017, así como sus consecuencias jurídicas, así como que en 2021 se registró una iniciativa en el Congreso en la línea de la ley de amnistía, que entonces fue rechazada por el Gobierno de Pedro Sánchez.

Sin embargo, los populares recuerdan que Carles Puigdemont condicionó recientemente «la gobernabilidad de España a, entre otras cuestiones, la aprobación de una ley de amnistía que favorezca, entre otros, a los procesados por el referéndum del año 2017. Consideran que los hechos jurídicos no han cambiado, pero sí las circunstancias políticas, y creen que Sánchez, «en un intento desesperado por conservar la Presidencia del Gobierno», se ha «abierto» a esta opción, que condenan.

«El precio de la Presidencia no sería solo exculpar centenares de delitos sino deslegitimar el Estado de Derecho, blanquear y considera la legitimidad de la sedición», concluye la iniciativa popular, que considera este «un inasumible precio político» para «cualquier gobernante decente» que, además, causa «una profunda conmoción social» ante la falta «de un rechazo explícito y contundente» del Gobierno.

PACTO NACIONAL

También firmada por todos los diputados populares del hemiciclo gallego, ha sido registrada este jueves otra proposición no de ley para su debate en pleno en la que se reivindica preservar «la igualdad» entre los españoles y se apela al espíritu de 1978 para actuar «con generosidad y altura de miras».

Así, el PPdeG plantea que la Cámara gallega apruebe como resolución una iniciativa en la que se plasme «reconocer que España es una nación de ciudadanos libres e iguales en derechos y obligaciones».

Y también, a renglón seguido, «rechazar cualquier proyecto que trate de romper la igualdad o de reconocer privilegios a ciudadanos o territorios en cualquier parte de España y que atente contra lo dispuesto por la Constitución española».

Finalmente, apela a proponer «un gran acuerdo nacional» que afronte lo que los populares sitúan como «principales desafíos»: la «regeneración institucional, el Estado de bienestar, los fundamentos de la economía, un pacto por las familias, un pacto por el agua y un pacto territorial».