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Pleno.- La Xunta deberá remitir al Parlamento en máximo dos meses un informe sobre los contratos laborales del Sergas

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La Consellería de Sanidade de la Xunta tiene un plazo de dos meses para remitir en el plazo máximo de dos meses un informe que incluya, como mínimo, el volumen y formatos de vinculación laboral de los profesionales sanitarios en el Sergas, desagregado por áreas sanitarias y distribuido por categorías laborales.

Así lo ha reclamado este martes el hemiciclo gallego a la Xunta con la aprobación por unanimidad de una moción defendida por el diputado socialista Julio Torrado y que contó con el apoyo de PPdeG y de BNG.

La iniciativa del PSdeG también incluye que el Sergas aplique «un plan de choque» frente a la precariedad y eventualidad en el Sergas, con el objetivo de «reducir y mantener por debajo del 8 por ciento» el volumen de personal en situación de eventualidad y que incluya, entre otras medidas, la contratación de personal sustituto por el tiempo completo de duración de la ausencia del profesional a cubrir.

Este mismo plan deberá incluir que se extienda a todo el personal del sistema sanitario la carrera profesional y que se amplíe el volumen de ofertas públicas de empleo para profesionales destinados al sistema público de salud.

Finalmente, la moción aprobada, en este caso solo con el voto a favor de PSdeG y PPdeG, reclamó ampliar a tres años la oferta de contratos de continuidad para facultativos y extender el formato a otras categorías laborales, especialmente enfermería.

Aunque hubo acuerdo, el debate no estuvo exento de rifirrafes entre el autor de la iniciativa y el diputado del PPdeG que defendió la postura popular, Alberto Núñez Couñago. El socialista comparó las condiciones laborales de Galicia con las de otros países, con mejores horarios y un sueldo muy superior, mientras que el popular volvió a acusar a los socialistas de la falta de profesionales disponibles.

MOCIÓN DEL TRANSPORTE

Por otro lado, el pleno ha acogido el debate de una moción defendida por el BNG sobre el transporte público. El diputado Paulo Ríos ha denunciado las cada vez «menos conexiones» de transporte en el rural y que los jóvenes son los «grandes golpeados» por esta situación.

El parlamentario nacionalista ha asegurado que «sobran los ejemplos» y ha pedido «dejar esta política de amiguismo, de acaparamiento del mercado» sobre el que ya ha sentenciado el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG). «Pónganse al servicio del pueblo gallego», ha reclamado.

La diputada socialista Patricia Otero también ha convenido que es «necesario reformar los pliegos de contratación» del transporte autonómico pero, mientras, «como mínimo, que se cumplan los contratos que tienen firmados».

La parlamentaria del PSdeG ha criticado que la Xunta «mire para otro lado» y ha reclamado, además de mostrar su apoyo a la iniciativa que quedó rechazada, un «transporte más rápido, más fiable y más adaptado» a las necesidades.

Por su parte, el diputado popular José Manuel Balseiro ha acusado al diputado del BNG de mantener un discurso «poco creíble», con acusaciones que «carecen de todo fundamento». «Para ser creíble, no se puede exagerar tanto; le pone mucha voluntad, pero exagera tanto que el discurso no lo cree ni usted mismo», ha resuelto.

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