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El BNG alerta de que casi un millón de gallegos están fuera de los tiempos máximos de atención de ambulancias

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La diputada del BNG Montse Prado alerta de que un total de 966.000 gallegos de 229 municipios están fuera de los tiempos máximos de atención de ambulancias medicalizadas, que el Sergas fija en 20 minutos. Denuncia que «la población de Galicia no tienen igualdad de oportunidades ante una emergencia» y «está vendida».

En rueda de prensa, la diputada nacionalista se ha referido a los últimos informes «demoledores» del Consello de Contas que revelan estos datos relativos a 2021. Así, avisa de que a 137 municipios ni siquiera llegó una ambulancia medicalizada, con «comarcas enteras» sin este servicio. Y dentro de los ayuntamientos en los que se prestó alguna atención –176 de los 313– el tiempo medio de asistencia se sitúa en 31 minutos y 21 segundos, fuera del tope de 20 minutos.

Pero el hecho es que 76 ayuntamientos están incluso por encima de esa media de 31 minutos. Aquí, ha citado los casos más acusados, tales como Mesía, con una espera de una hora y 13 minutos. Le siguen Monterroso y Ourol (una hora), así como A Fonsagrada, Folgoso y Dumbría (casi un hora).

En lo tocante a las ambulancias de soporte vital básico –no llevan médico ni enfermeros– los tiempos máximos están fijados en 15 minutos, pero 592.000 personas de 198 municipios sufren una espera mayor.

Estas cifras arrojan la diferencia «entre la vida y la muerte» en función de donde viva un ciudadano gallego, reflexiona Prado, con una gran diferencia que puede ser vital en los tiempos de respuesta al sufrir un ictus, un infarto o un accidente.

Por todo ello, la diputada del Bloque urge a la Xunta al rescate del transporte sanitario. Demanda que se elabore un estudio que analice las necesidades de dimensionamiento y cuántos recursos son necesarios para el conjunto de la población, dado que hay miles de gallegos que «no tienen acceso a una ambulancia medicalizada aunque la necesiten». Llama aprovechar que el concurso actual deja de estar en vigor en octubre para un cambio de modelo, pues avisa del «oscurantismo» de los nuevos pliegos.

SUBIDA DE LISTAS DE ESPERA

Asimismo, Prado apunta que los informes de Contas «evidencian» los 14 años de «voladura programada» por parte del PP de la sanidad pública. Resalta la altísima temporalidad del personal del Sergas, un 45% es eventual, con un «aumento del 14%» en 2021 frente a años precedentes.

Igualmente, reprueba que el «aprovechó la pandemia para rebajar la calidad asistencial», pues la atención telefónica pasó de un 11% en 2019 al 55% en 2021.

Advierte de que los tiempos de espera se incrementan «de forma generalizada» en 2021 respecto a 2019: un 42% en cirugía, un 36% en consultas y 41% en pruebas diagnosticas. No obstante, recuerda que en los últimos datos conocidos de cierre de 2022 se observa que hay 245.000 personas esperando por una primera consulta y 46.000 aguardando por una intervención quirúrgica.

Paralelamente, la diputada nacionalista se ha referido a otros problemas que se viven actualmente: el centro de salud de Salvaterra sin médico, demoras de más de 20 horas en el Montecelo o urgencias de Marín colapsadas.

«ALFOMBRA ROJA» A LA PRIVATIZACIÓN

También ha puesto el foco acerca de que en 2021 aumentó un 7% el gasto en la derivación del Sergas a centros privados, al tiempo que «se persiste en la falta de transparencia y opacidad» de cómo se gestiona el dinero, con una «parte importante» de contratación «a dedo» y una utilización «espuria» del uso permanente de contratos menores sin concurrencia competitiva .

A preguntas de la prensa por el plus concedido por la Consellería de Sanidade a los médicos que compatibilizan la sanidad pública y la privada, Prado recrimina que la Xunta «pone en riesgo la salud de los gallegos mientras pone alfombra roja a sanidad privada». Recuerda que la patronal de la sanidad privada se quejó de que necesitaba más facultativos, por lo que acusa al Gobierno gallego de trabajar para sus intereses. No cree que pueda haber una prestación sanitaria «de calidad» en estas condiciones, con profesionales sin el descanso necesario, y defiende que «hay que premiar a los que dedican su esfuerzo a la pública».

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