El Consello de Contas detecta «carencias» en las medidas para prevenir la corrupción en la Xunta, en concreto en cuanto al desarrollo de normas internas (manuales, protocolos, instrucciones), en relación con la informatización de los trámites de «muchos procesos» y por la «escasez» de manuales de procedimientos.

Así lo recoge el informe correspondiente al año 2022 de evaluación de los sistemas de control interno y prevención de riesgos de la corrupción en la administración general, que el organismo fiscalizador ha entregado este jueves al Parlamento y que publica en su página web.

En el apartado de conclusiones, bajo el epígrafe de actividades de control, el texto apunta a los factores de riesgo que describen los centros en sus planes, y señala que ahí es donde se «reflejan» las mencionadas «carencias».

En un primer punto, valora que la Xunta realizó «un impulso en el último año en el diseño de un sistema consolidado y estructurado de integridad», frente a las medidas y acciones «aisladas» que vio Contas en su diagnóstico de 2018. Al respecto, se refiere al ‘Programa marco de integridade institucional e prevención de riscos de xestión 2021-2024’.

De todos modos, sigue situando en un nivel «medio» la implantación de los elementos de control interno, puesto que cuenta con el diseño y la aprobación «de la mayoría» de los «esenciales» pero aspectos «pendientes que deben desarrollarse», de hecho, «a través de las medidas programadas».

UN CONOCIMIENTO «SUPERFICIAL»

El Consello de Contas realizó una encuesta a personal directivo –jefes de servicio, subdirectores xerais y secretarios/directores xerais– de cuatro centros directivos. Remitió las preguntas a 114 directivos y obtuvo respuesta de 50, esto es, de menos de la mitad.

Los resultados ponen de manifiesto, según destaca, que el 57% del personal directivo de la Xunta tiene un conocimiento «superficial» de su código ético institucional, y solo un 30% manifiesta tener «un buen conocimiento».

REGULADO, PERO FALTA LA APLICACIÓN

En lo relativo a políticas de integridad, Contas cree que el marco normativa asegura una regulación de los aspectos clave: política de regalos, conflictos de interés, actividades fuera del sector público, empleo después de la función pública, acceso de los ciudadanos a la información pública, declaración de bienes de altos cargos y políticas de denuncias e irregularidades.

Sin embargo, advierte que las «mejoras pendientes» están en el diseño de los procedimientos para aplicar estas políticas, en los mecanismos de control de su cumplimiento y en la comunicación y orientación prácticas dirigidas al personal para favorecer su cumplimiento.

Asimismo, el propio código ético institucional «sigue pendiente» de las actualizaciones y mejoras programadas, según recuerda el informe.

También considera «necesario» elevar la intervención del comité de ética a órgano de asesoramiento «preceptivo» y garantizar la publicidad de los pronunciamientos sobre las denuncias.

Apunta a la exigencia por normativa comunitaria de la existencia de un canal externo y la configuración de otros elementos «obligatorios» en relación a la protección del denunciante.

En lo referente a la administración de riesgos, constata que la «urgencia» en la aprobación de planes llevó a una «translación automática de planes modelos» y a la remisión de catálogos de riesgos y medidas «comunes», lo que observa que va «en detrimento del análisis individualizado y reflexivo de las carencias de gestión y riesgos específicos de los distintos centros».

Así, en todos los centros existen «determinadas medidas de control orientadas a los riesgos de fraude o de corrupción», si bien son «controles genéricos comunes», por ello es preciso «completar en el futuro con controles específicos adicionales que refuercen la prevención en aquellas actividades más sensibles a actos de esta naturaleza».

RECOMENDACIONES NUEVAS

El Consello de Contas propone una serie de recomendaciones nuevas en este informe, entre ellas la mejora del conocimiento y la percepción del personal sobre el marco y la cultura éticos.

Los resultados de la encuesta, apunta, sugieren que puede lograrse introduciendo en su formación orientaciones prácticas basadas en ejemplos de la vida real y mejorando la comunicación con el personal sobre los instrumentos de prevención aprobados.

También aboga por crear el órgano de supervisión centralizado que debería ser la Comisión de Coordinación e Integridade y propone establecer la intervención preceptiva del Comité de Ética en la resolución de las denuncias.

Por último, apuesta por completar el marco jurídico de la regulación de los conflictos de intereses con pautas procedimentales para la tramitación y resolución de las situaciones de conflicto y «elaborar algún protocolo de verificación de la exactitud y la integridad de la información declarada previamente».