Los tres partidos con representación en la Cámara gallega –PPdeG, BNG y PSdeG– se han puesto de acuerdo para aprobar una proposición no de ley en la que instan a que la Xunta reclame al Gobierno central la cesión «inmediata» al Instituto Galego da Vivenda e do Solo (IVGS) de los activos inmobiliarios de uso residencial propiedad de la Sareb que se encuentren en un estado «adecuado» para su uso y que se emplacen en zonas donde haya demanda de vivienda.

Lo han acordado a instancias de una iniciativa impulsada por el BNG y acordada con el resto de grupos y con la petición de que se efectúe tal reclamación antes de que finalice este periodo de sesiones.

En este mismo apartado de la propuesta (se aprobaron cuatro puntos de cinco), se explica que el objetivo de esta medida es incrementar la oferta de alternativas habitacionales públicas y agilizar la respuesta del Registro de Demandantes de Vivienda, sin prejuicio de los convenios que se puedan formalizar al respecto con los ayuntamientos.

Además, los grupos parlamentarios instan a que, también antes del fin del periodo de sesiones, volver a reclamar a la Sareb y al Gobierno central, la «información sobre el número de bienes, el estado de conservación, la localización y evolución del parque inmobiliario» en manos del ‘banco malo’ en el territorio gallego.

INFORME VALORATIVO

En un segundo punto, el Parlamento ha reclamado, por unanimidad, que una vez que se reciba esta información, se elabore «un informe valorativo de los activos de la Sareb en territorio gallego que concrete una propuesta de selección de los activos a transferir al IGVS en base a criterios sociales».

Finalmente, con el fin de evitar situaciones de desahucios, el IGVS «deberá buscar la continuidad de los contratos vigentes», especialmente en los casos de rentas bajas y personas vulnerables, bien a través de solicitar al Gobierno del Estado y a la Sareb el mantenimiento y prórroga de los contratos de alquiler existentes, bien mediante la solicitud de transferencia de los bienes inmuebles del IGVS o a los ayuntamientos la subrogación de los contratos para después incorporarlos a la bolsa de vivienda pública.