Las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular, la Comunidad de Madrid, Galicia, Andalucía, Región de Murcia y Castilla y León, han anunciado que coordinarán sus desarrollos legislativos para «paliar los efectos negativos» de la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU).

En un comunicado conjunto de los consejeros de Educación ‘populares’, señalan que ante el «desasosiego, incertidumbre y preocupación» generados en el sistema universitario español, los gobiernos autonómicos del PP se han reunido esta semana en Murcia para «tomar medidas coordinadas» contra los efectos de la nueva normativa universitaria.

En concreto, se han comprometido a coordinar sus desarrollos legislativos para «dar certidumbre» al profesorado, estudiantes, personal de administración y servicios (PAS), familias y sociedad; a «defender la cohesión del Sistema Universitario Español, para lo cual mantendrán a la Agencia Nacional de Evaluación, Calidad y Acreditación (ANECA) como organismo evaluador y acreditación del PDI funcionario e invitan a las CCAA gobernadas por el PSOE «a que hagan lo mismo»; o al diseño e implantación de un modelo de carrera académica «que dé respuesta a las aspiraciones profesionales del profesorado, y permita retener y atraer talento».

Asimismo, apuestan por reforzar el papel de los consejos sociales en la relación sociedad – Universidad, «evitando su politización»; por la profesionalización de la gestión universitaria por el PAS; por una Universidad «libre y crítica, al margen de imposiciones ideológicas y adoctrinamientos políticos»; o por una Universidad «competitiva en docencia, investigación, transferencia e internacionalización que ofrezca oportunidades a los jóvenes en conexión con el tejido productivo».

Los gobiernos autonómicos del PP han exigido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que comprometa al menos el 1% del presupuesto de los fondos del mecanismo de recuperación y resiliencia (MRR) se destine a la educación superior universitaria, frente al 0,3% que se destina actualmente; y proponen un PERTE Universitario para «el mejor desarrollo económico y social» de España.

Por último, han solicitado la coordinación entre los distintos ministerios al, en su opinión, «hacerse evidente que no se coordinan entre ellos, como es el caso de las Prácticas formativas o de las Enseñanzas Artísticas Superiores. De igual manera, critican que «no hace ninguna referencia a la Ley de la Ciencia cuando el 70% de la investigación se hace en la Universidad».

Para el PP, la nueva Ley de Universidades es «contradictoria», ya que «por un lado desregula el sistema, haciendo que se creen 50 sistemas universitarios, tantos como universidades públicas, y por otro lado coarta la autonomía de las universidades». Asimismo, considera que «rompe el sistema universitario español perdiendo la cohesión como país y creando estudiantes a varias velocidades según donde estudien».

En la misma línea, los dirigentes populares han advertido de que la LOSU «compromete la eficacia de las universidades y su relación con la sociedad»: «Estamos ante una ley perjudicial para la calidad de las universidades, porque no se avanza en gobernanza, en internacionalización, en equidad entre estudiantes, ni en transferencia de conocimiento ni en la conexión de la universidad con la sociedad».

También han rechazado que la nueva norma permita «tomar posicionamiento político sobre temas ajenos al ámbito universitario» y que «no mejore» la financiación de las universidades ni incluya planes de mejora económica por parte del Ministerio».

«Comunidades Autónomas, rectores y catedráticos han expresado las dudas sobre la constitucionalidad sobre algunos aspectos de la LOSU. Una vez publicada se estudiará la posible inconstitucionalidad de la LOSU», han sentenciado los gobiernos autonómicos del PP.