El Parlamento de Galicia ha aprobado, con los votos a favor de todos los grupos, una iniciativa en la que reclama a la Xunta un informe sobre el Pacto Social pola Vivenda 2021-2025 antes de que finalice 2023.

La iniciativa partió del Grupo del PSdeG, pero fue modificada con una enmienda de sustitución del PPdeG, que fue aceptada por el promotor de la propuesta y que alarga el plazo que la Cámara la otorga al Gobierno autonómico para entregar este documento.

Así, la proposición no de ley defendida por el socialista Eduardo Ojea reclamaba originalmente que el Gobierno gallego informase, antes del fin de este periodo de sesiones (en verano), de las cantidades ejecutadas, tanto en el año 2021 y 2022, en cada una de las líneas estratégicas del Pacto Social de vivenda de Galicia 2021-2025. Finalmente, el plazo dado por la cámara es todo lo que resta de 2023.

En un segundo punto, el Parlamento reclama que el informe incluya las actuaciones concretas y logros alcanzados en cada uno de los programas y acciones en los que se desarrollan las líneas estratégicas que conforman el pacto.

Concretamente, este pacto incluye el acceso a la vivienda (línea A), rehabilitación, regeneración y renovación urbanas (línea B), suelo residencial (línea C) y línea estratégica D con otras medidas en materia de vivienda y rehabilitación.

Los socialistas han advertido de que este plan, a diferencia del anterior, «no prevé indicadores de seguimiento ni sus valores asociados», lo que sitúa en un «limbo de inconcreción que ampara cualquier desarrollo por parte de la Xunta por errático o ineficiente que sea».

Los populares sostuvieron la pertinencia de ampliar el plazo para contar los casos concretos, mientras que el BNG, a través de su diputada recién reincorporada de su permiso de maternidad, Alexandra Fernández, lamentó que la Xunta «entrega» llaves de viviendas de protección oficial a «nuevos inquilinos» haciendo pasar esos domicilios por nuevos promovidos por la Xunta.