La Fiscalía General del Estado ha solicitado a la unidad especializada en materia de medio ambiente «estudiar» las denuncias sobre el vertido de San Finx en la ría de Muros e Noia que trasladó el diputado de Galicia en Común Antón Gómez-Reino en una carta enviada el pasado mes de febrero.

En ella, Gómez-Reino indicaba a la Fiscalía las diversas denuncias presentadas por Ecologistas en Acción en los últimos años y le hacía llegar su «preocupación» por lo que considera una «inhibición de funciones de la Fiscalía de Medio Ambiente en Galicia».

El diputado solicitaba, además, que se atendiese la denuncia presentada por el colectivo sobre el vertido «autorizado» por la Xunta, que niega la mayor y afirma que lo que se permitió es una depuradora, a la mina de San Finx, ya que se trataría de una «mina ilegal que no cuenta con evaluación de impacto ambiental ni un plan de restauración sometido a participación pública, condiciones esenciales para la validez del título minero».

En su respuesta al diputado, la Fiscalía, que manifiesta su «firme compromiso» con la defensa del medio ambiente, le ha informado de que, tras el análisis de la información proporcionada y con agradecimiento por la «sensibilidad demostrada en la problemática subyacente a los hechos relatados», se procedió al traslado del escrito a la Unidad especializada de la Fiscalía General del Estado en materia de medio ambiente y urbanismo para que «proceda a su estudio».

Al margen de esta actuación, Gómez-Reino también presentó una pregunta por escrito al Gobierno en la que hacía referencia a las «diversas irregularidades ambientales cometidas por los responsables de la explotación minera» y «repetidamente ignoradas por la Xunta».