El PSOE ha acordado con Bildu, Esquerra Republicana (ERC) y BNG «proceder a la revisión» de la orden ministerial por la que el Ministerio de Transportes decretó la privatización de las torres de control de siete aeropuertos españoles a propuesta de Aena.

En concreto, se trata de una enmienda transaccional a una proposición no de ley de Bildu, ERC y BNG para paralizar este proceso de liberalización. Esta ha salido adelante con los votos a favor de PSOE, Unidas Podemos, Bildu, PNV, ERC, BNG, Bildu y Foro Asturias, mientras que PP y Ciudadanos se han abstenido y Vox ha votado en contra.

La propuesta original de ERC, Bildu y BNG pedía directamente paralizar y retirar la orden ministerial de Transportes –liderado por una ministra del PSOE, Raquel Sánchez–, algo que Unidas Podemos veía con buenos ojos.

Sin embargo, el PSOE ha alcanzado finalmente un acuerdo con varios de sus socios de Gobierno para revisar la privatización de los aeropuertos de Bilbao, Santiago-Rosalia de Castro, Palma de Mallorca, Málaga-Costa del Sol, Gran Canarias, Tenerife Sur y Tenerife Norte-Ciudad de la Laguna.

CRÍTICAS A LA LIBERALIZACIÓN DE LAS TORRES

En lo que se refiere al debate, ha habido consenso en la oposición para rechazar el proceso de liberalización. Así se ha pronunciado Iñaki Ruiz de Pinedo, de Bildu, quien ha advertido de que la privatización provocaría «importantes consecuencias», y también cuestiona que con estas adjudicaciones se vaya a generar más seguridad y más eficacia.

Del lado de ERC, Inés Granollers ha tachado la orden ministerial de «tendencia liberalizadora totalmente injustificada», porque entiende que no hay razones para llevarla a cabo, ni por motivos de seguridad o viabilidad económica.

El último firmante de la proposición, Néstor Rego (BNG), ha calificado la propuesta de «profundamente desacertada», ya que entiende que precariza los empleos aeroportuarios y la seguridad de los aeropuertos.

PP, FORO Y PNV NO VEN JUSTIFICADO EL PROCESO

Por parte del PP, Andrés Lorite ha rechazado la orden ministerial del Ministerio de Transportes al entender que esta implica un proceso liberalizador «sin garantía», dada la complejidad de la gestión de los aeropuertos.

También se ha mostrado a favor de la propuesta a paralizar la privatización Isidro Martínez Oblanca, de Foro Asturias, y el portavoz en la comisión del PNV, Íñigo Bariandaran, quien no ve justificada la liberalización de las torres de control, sobre todo si solo se tiene en cuenta la motivación económica, algo que considera «insuficiente».

Por parte de Unidas Podemos, Lucía Muñoz ha recordado que Aena era una empresa «completamente pública», hasta que el PP decidió emprender la privatización del 49% de la compañía, con el «principal objetivo de repartir dividendos entre sus accionistas».

PODEMOS ENSALZA LA GESTIÓN PÚBLICA Y CRITICA A AENA

La diputada de Unidas Podemos ha centrado su intervención en defender una gestión pública en los aeropuertos españoles y no a favor de unos «capitalistas despiadados» que «siempre quieren más». En este sentido, ha tildado la iniciativa de «ocurrencia» que derivará en «menos seguridad, menos derechos laborales y menos control público» de los territorios.

Por último, Muñoz ha lanzado un dardo al PSOE señalando que «ningún partido que se diga progresista puede ceder a los intereses de empresas como Aena».

Frente a las críticas de la oposición, el portavoz de Transportes del PSOE, César Ramos, ha defendido la privatización de las torres, ya que la liberalización de determinados servicios en el ámbito aéreo es algo que se ha realizado desde hace varios años y no ha derivado en «resultados negativos» ni tampoco «ha puesto en peligro la seguridad aérea».

No obstante, el diputado socialista no se ha opuesto a que la decisión de Transportes se revise, algo que le parece «razonable» y que finalmente ha desembocado en la enmienda transaccional aprobada.

CIUDADANOS DEFIENDE LA LIBERALIZACIÓN

Desde Ciudadanos sí han defendido la liberalización. El diputado López Bas ha calificado la iniciativa de «tramposa», ya que los grupos que la proponen presuponen que mediante la liberalización no se va a aplicar una buena gestión de las torres de control, cuando esta va a ser llevada a cabo por profesionales «perfectamente formados y cualificados».

Alberto Rodríguez Almeida, de Vox, entiende que la iniciativa tiene como fin establecer «un control totalitario» y la «nacionalización» de la gestión aeroportuaria. Asimismo, ha acusado al Gobierno de coalición de ser «incapaz» de trasladar seguridad jurídica a las empresas.