Los diputados del Partido Popular en el Congreso por Ourense, Ana Vázquez y Celso Delgado, han denunciado este viernes el «preocupante aumento de los índices de criminalidad» en la provincia, al tiempo que han criticado la reforma de la Ley de Protección de Seguridad Ciudadana, asegurando que «facilitará la imposición en las calles de los delincuentes» y que supone «un grave error».

Los populares han asegurado que el registro de infracciones penales entre enero y septiembre de 2022 muestra un incremento del 17% en toda Galicia, con especial incidencia en los delitos contra la libertad sexual, los robos con violencia e incluso las peleas.

En concreto, la diputada Ana Vázquez se ha referido a la provincia de Ourense, asegurado que el análisis de los índices de criminalidad permite comprobar cómo entre enero y septiembre del pasado año se registraron en la provincia 7.194 delitos, una subida de «más de mil con respecto al mismo periodo del año anterior».

En esta línea, Vázquez ha criticado las voces que sitúan este aumento en el final de la restricciones de la pandemia, ya que «en 2021 hubo 1.872 delitos más que los registrados en el último trimestre de Gobierno del Partido Popular en 2017», ha manifestado.

De forma particular, ha señalado que los delitos contra la libertad sexual aumentaron un 39%, pasando de 59 en 2021 a 82 en el mismo intervalo del 2022, y las agresiones sexuales de 9 a 11, mientras que «el resto de los delitos de estas características subieron a un más que preocupante 42%, llegando hasta los 71 casos».

En esta misma línea ha intervenido el diputado Celso Delgado subrayando la «preocupante incidencia» de los delitos contra la libertad sexual y esgrimiendo que la Ley de Solo Sí es Sí «facilitó en la provincia diez rebajas de penas y dos excarcelaciones» lo que, considera, «supone un desprecio a las víctimas» como «consecuencia de una ley nefasta».

LEY DE SEGURIDAD CIUDADANA

También han señalado el aumento en los hurtos, en un 54,7%, los robos con violencia, en un 47,5%, y la sustracciones de vehículos, con un 39,4%. «Es una grave situación a la que se suma la inoportuna e inadecuada derogación parcial de la Ley de Protección de Seguridad Ciudadana», han manifestado los populares, indicando que esto «desprotege a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado» y «facilitará la imposición en las calles de los delincuentes».

Así, para Ana Vázquez, «mientras crecen los índices» de criminalidad, «nada justifica que se impulse una contrarreforma de la ley que afectará negativamente a las condiciones de trabajo de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad y, en consecuencia, a la eficacia de su actuación».

«Es un error totalmente la nueva ley, no puede haber política de buenismo», ha subrayado Vázquez, sosteniendo que, frente a esto, el Partido Popular presentará una proposición de ley «para luchar contra la multirreincidencia, porque el 26% de los detenidos son multireincidentes».

En su propuesta, «aquellos que tienen tres faltas por hurto leve» irían «a prisión», modificando el artículo 235 del Código Penal, así como «aquellos que tengan tres faltas leves por estafa.

Los diputados populares han recordado que esta ley fue aprobada en 2015 por el Gobierno del Partido Popular, avalada por el Tribunal Constitucional en una sentencia del 2020 y por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y que «fue una herramienta muy útil durante el estado de alarma para el ejercicio de nuestras libertades y derechos y para la protección de los cuerpos de Policía».

INCREMENTO DE POLICÍAS

Además, en relación a los cuerpos de seguridad, el Partido Popular ha denunciado que aún no se ha creado la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Guardia Civil, aprobada en el Congreso en 2020, lo que sitúa a Ourense y a Lugo como «las dos únicas provincias de España sin estaunidad».

En el caso concreto de Ourense, han afeado que «faltan cien guardias civiles» y solo el 10% de los cuarteles abren las veinticuatro horas. Asimismo han reclamado que la Unidad de Prevención y Reacción de Policía Nacional, creada en 2016, «carece de material» y que, de los 500 que deberían integrar la Unidad Adscrita a la policía autonómica, «solo hay 363 plazas cubiertas».