El PPdeG se ha quedado solo para reclamar en el Parlamento gallego que el Gobierno endurezca penas por ocupaciones. La propuesta, que ha salido adelante con el rechazo de la oposición, reclama recuperar el delito de usurpación de bienes inmuebles con entre tres y cinco años de prisión, así como que haya desalojos en 24 horas.

Durante el debate, Begoña Freire (PP) ha afirmado que la ocupación ilegal «ha ido en aumento en los últimos años», lo que «genera un incremento de alarma social» ante el «crecimiento sin freno» y por la existencia de «auténticas mafias de la ocupación».

Sostiene que el Gobierno central «no está dando respuesta» a esta problemática porque «no existe voluntad política», por lo que «se lava las manos y echa balones fuera».

Aunque apunta que es un «fenómeno difícil de cuantificar», la diputada popular afirma que las estadísticas muestran una «clara tendencia ascendente», al tiempo que las medidas legales existentes «no son suficientes» para «combatir esta forma de delincuencia»

REPROCHES POR CREAR «ALARMA SOCIAL»

Durante el debate, Paulo Ríos (BNG) ha acusado al PPdeG de «utilizar el Parlamento gallego para hacer oposición al Gobierno central» y crear «alarma social».

Asimismo, se ha referido a estudios que apuntan que un endurecimiento de las penas no conlleva la reducción de delitos, por lo que «no va a resolver ningún problema».

Ríos reprocha que el PP «no se interesó en ningún momento» por llevar al Parlamento iniciativas sobre los problemas de «primer orden» de vivienda: 15.000 personas en lista de espera en Galicia para acceder a una vivienda de carácter social, subida del precio del alquiler entre un 30% y un 40% en los últimos años, más de 300.000 viviendas vacías y una incremento de un 17% de los desahucios por ejecución hipotecaria.

En esta línea, Eduardo Ojea (PSdeG) ha expuesto que en Galicia las ocupaciones se cifran en unas 660, menos del 1% del total de España, la gran mayoría propiedad de entidades financieras y fondos buitre, «mayoritariamente ocupadas por personas en riesgo de exclusión social y clara vulnerabilidad».

Por ello, censura que el PP busca «intensificar la campaña para hacer creer a la opinión pública» que hay un «alarma social». «Generar miedo para luego vender seguridad», lamenta.

Igualmente, el diputado socialista recuerda la reforma impulsada por el PSOE para cambiar la ley con el fin de desalojar a ocupas en 48 horas, si bien remarca que las ocupaciones solo representan el 0,19% de todas las infracciones penales en 2022.