El director xeral de la CRTVG, Alfonso Sánchez Izquierdo, defiende que «es incuestionable» su legitimidad al frente de la corporación pública, cargo en el que lleva desde la llegada del PPdeG a la Xunta en 2009, ya que destaca que es «potestad» del Parlamento gallego conseguir una mayoría de dos tercios necesaria para el cambio.

En la comisión parlamentaria de la CRTVG, la oposición ha vuelto a realizar sendas preguntas sobre el incumplimiento de la ley gallega de medios públicos, pues desde 2011 sigue sin ponerse en marcha el estatuto profesional ni el consejo de informativos.

Así, Olalla Rodil (BNG) ha acusado al PP de ser «quien está bloqueando» esta renovación, que lleva a que Sánchez Izquierdo continúe en el cargo con el mandato caducado, mientras el líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, «va por ahí diciendo que hay que despolitizar los medios de los demás».

En esta línea, Natalia Otero (PSdeG) ha denunciado el «descaro e impunidad» con la que el PP y la dirección de la CRTVG incumplen de forma reiterada la Lei de Medios tras 12 años de su aprobación. Recrimina que «nadie asume responsabilidades» por «incumplir por la cara un mandato legal de este Parlamento».

En cambio, Sánchez Izquierdo ha dicho que la oposición «cuestiona la legitimidad de esta Dirección Xeral», pero él sostiene que es «incuestionable». Remarca que la posibilidad de cambio recae en la Cámara. «Es su decisión y responsabilidad a la hora de ponerse de acuerdo».

De hecho, apunta que hasta en tres ocasiones los grupos llegaron a acuerdo para hacer cambios en el Consello de Administración de la CRTVG con la «misma mayoría» que necesitan para relevar al director xeral, algo que dice «no entender muy bien visto desde fuera». «No es exigible a este director xeral la responsabilidad sobre el desarrollo de la ley que recae en terceros», afirma.

Sánchez Izquierdo asevera que «es incuestionable» su legitimidad como director xeral y que la «potestad» del cambio es de la Cámara. «¿Por qué no llegan a consenso para cambiar a este director xeral?», se pregunta.

Además, el director xeral ha indicado que, en una «mirada comparativa», los «pocos» medios públicos que cuentan con el estatuto y consejo de informativos todavía inexistente en la Corporación gallega «tienen una crítica semejante o superior» a la CRTVG.

«PERSECUCIÓN POLÍTICA»

Asimismo, la oposición ha denunciado la «persecución política» en el ente público y ha esgrimido la sentencia del Tribunal Superior de Xustiza que condena a la CRTVG por vulnerar los derechos fundamentales de un trabajador.

Sobre este extremo, Sánchez Izquierdo se queja de que «se pretende dar una imagen que no se corresponde sobre la TVG», puesto que «el único caso con afectación a derechos fundamentales» supone «únicamente el 0,35% de la litigiosidad de toda la Corporación».»Colegir, por tanto, que a partir de un 0,35% de incidencia se pueda establecer un patrón de supuesta represión y violación de derechos fundamentales era y sigue siendo, como mínimo, absurdo y falso», asevera.

Igualmente, ha hecho un balance de su gestión, que identifica con 13 años de superávit, ser el canal autonómico más visto y avanzar en un proceso para «estabilizar al 100%» del cuadro de personal.