El anteproyecto de ley del litoral, que se encuentra en trámite de consulta pública, y las últimas declaraciones del secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, han llegado este lunes al Parlamente de Galicia. A falta de evaluar el documento definitivo que llegará a su tramitación parlamentaria, existe un cierto grado de consenso en torno a la transferencia de la gestión del litoral, pero hay una brecha política en torno a las formas, el cuando y el tono empleado por parte de los actores políticos.

Así, el portavoz parlamentario del PSdeG, Luis Álvarez, ha lamentado que cuando el bipartito que lideraba Emilio Pérez Touriño trató de modificar el Estatuto de Autonomía, el PP «bloqueó» la reforma y, con ella, la inclusión de esta competencia de forma explícita en el marco legal gallego, algo que el PPdeG, como ha recordado su portavoz parlamentario, Pedro Puy, ve avalado por la carta estatutaria de 1981 como lo dicen «informes jurídicos» solicitados por la Xunta.

De hecho, una de las claves de la ley del litoral ha sido la negativa del traspaso a Galicia de la competencia costera si no se modifica el Estatuto, como ha defendido el Gobierno y sus voces en Galicia, incluida la del delegado, José Miñones, en diversas ocasiones. El PPdeG y la Xunta esgrimieron informes jurídicos, incluido del Consello Consultivo, que avala que Galicia «puede ejercer las competencias» sin modificar el marco estatutario.

En este contexto, el Gobierno autonómico planteó un borrador de ley de gestión del litoral, que Hugo Morán ha comparado –en una entrevista en la Ser– con una «declaración de independencia», unas palabras que ya han sido reprobadas por el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, que ve «muy valiente» al Ejecutivo central con Galicia.

Luis Álvarez se refirió a esta cuestión para recordar que, además del intento de reforma estatutaria, en 2019 se presentó una iniciativa en la Cámara gallega con el fin de que la Xunta «diese los pasos necesarios» para conseguir varios traspasos, entre ellos, la transferencia de las competencias de costa, una proposición no de ley a la que el PP «votó en contra».

«No estaríamos en esta situación en este momento», dijo Luis Álvarez, si el «bloqueo, que tiene un padre y una madre, el PP de Galicia» a la reforma del Estatuto, a lo que sumó el voto en contra de la iniciativa de 2019. «Entonces, ¿qué cambió el PP en los últimos tiempos?», se ha preguntado, antes de mostrar el «apoyo» del PSOE al sector mar-industria, el ámbito económico que populares y Xunta ven peligrar por la ley de Cambio Climático.

Por su parte, el portavoz parlamentario del PPdeG, Pedro Puy, ha incidido en que el Estatuto recoge las competencias de litoral como «exclusivas» de Galicia y defendió que el borrador legislativo tiene un apoyo legal.

«EXTREMADAMENTE CENTRALISTA»

«Una ley que quiere defender los intereses de Galicia, a las empresas asentadas en el litoral, las peculiaridades del uso del litoral, que hacen que Galicia sea distinta a otras zonas (del litoral español)», ha esgrimido Puy Fraga, quien ha defendido la «combinación» de la «imprescindible» protección de la costa con «mantener los usos tradicionales que permiten el desarrollo económico y de la riqueza en Galicia».

Así, ha concluido que hay una interpretación «extremadamente centralista» por parte del Gobierno de Pedro Sánchez, a la vista de la «reacción» de Hugo Morán, que ya viene «precedida» de otras declaraciones, algo sobre lo que llamó la atención al BNG, que «se supone que debería estar pendiente de ciertas actitudes centralistas».

«CONFRONTACIÓN»

Por su parte, la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha observado que el PP «busca la confrontación» con este tema «pero no darle» una solución a los gallegos y ha indicado que cuando conozcan el texto que entre en el Parlamento se ofrecerá una opinión sobre él.

«Lo grave que es que llevamos 13 años perdidos y no consiguió ni una sola competencia, tengo poca fe en que el Gobierno quiera conseguir competencias», ha indicado, para concluir que le parece «más una estrategia de confrontación de un Ejecutivo que está subordinado a Feijóo desde la calle Génova».

En otro orden de cosas, el PSdeG ha vuelto a censurar que la Xunta haya ejecutado «solo el 3,4%» de las ayudas para el acceso a la vivienda de los jóvenes. Mientras, el PPdeG ha vuelto a mostrar su preocupación por la ejecución de los fondos Next Generation.