El Juzgado de Instrucción número 1 de Ourense ha admitido a trámite la querella que el portavoz socialista en la Diputación de Ourense, Rafael Rodríguez Villarino, había presentado contra el presidente de la institución, Manuel Baltar; el vicepresidente primero, Rosendo Fernández; y el exdiputado de Democracia Ourensana y vicepresidente segundo, Miguel Caride, por un supuesto delito de prevaricación al denegarle la compatibilidad laboral.

Así lo ha hecho saber el propio Rafael Rodríguez Villarino en una comparecencia pública en la que ha asegurado que el Juzgado de Instrucción ha incoado un procedimiento abreviado «porque ha apreciado indicios delictivos en el proceder del presidente de la institución, así como de ambos vicepresidentes», «al votar en contra de este derecho» durante el Pleno provincial celebrado el 31 de julio de 2020.

«Aquella decisión ilegal, adoptada por los diputados y diputadas del Partido Popular y Democracia Ourensana, que ya fue revocada por la jurisdicción contencioso-administrativa, esta hora siendo investigada en la vía penal», ha manifestado Villarino, que considera que «existe un delito de prevaricación» al negarle «intencionadamente y con informes favorables en contra» la compatibilidad para ejercer la docencia universitaria a tiempo parcial.

El portavoz ha sido claro: «queremos que esto sea ejemplarizante en esta administración pública», ha dicho ensalzando que «hay que respetar la oposición política y no se puede ir contra la ley ni contra las personas que simplemente hacen su trabajo».

En este sentido, ha procedido a relatar cronológicamente lo sucedido, apuntando que le concedieron la compatibilidad para ejercer su profesión como docente en el campus ourensano de la Universidad de Vigo, a tiempo parcial, en el año 2019.

Pero un año después, su partido presentó un recurso contra las bases de unas ayudas «concedidas presuntamente de modo irregular por la Diputación de Ourense» y PP y DO «tumbaron en el pleno la ampliación de esa compatibilidad en contra de la Resoluciones Técnicas».

«NUNCA ANTES SE HABÍA DENEGADO»

«Nunca antes se había denegado una compatibilidad para trabajar como profesor asociado a ningún diputado o diputada según un certificado aportado en esta casa», ha esgrimido Rodríguez Villarino trasladando que la decisión «tuvo tintes políticos y antipersonales» y que, además, «fue adoptada de un modo anti normativo».

Así pues ha hecho hincapié en que «se trata de un delito de prevaricación» por lo que ha insistido en que quieren que «la sentencia sea ejemplarizante», y que dirima si las responsabilidades del PP y DO «son susceptibles de inhabilitación para empleo, cargo público o para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo».

«No pueden decir que no eran conocedores de lo que estaba sucediendo ya que conocían todos los informes y resoluciones favorables previas al pleno, pero durante la sesión apelaron a cuestiones personales o al recurso contra las bases de las subvenciones para autónomos y autónomas», ha reprochado el socialista.

Por su parte, su compañero de partido, diputado, y viceportavoz provincial, Nacho Gómez, ha reiterado que «es una cuestión que debería servir de ejemplo para que no vuelvan a suceder estas cosas», y ha criticado que «Baltar y sus diputados son cómplices de los hechos», acusándolos de «intentar aniquilar desde el punto de vista político, personal y laboral a cualquier persona que le hace frente en política».

«Una cosa es la confrontación política y otra usar los medios públicos para esto.

Para ir en contra de la ley, ya que a ellos no les cuesta nada defenderse porque tienen los servicios jurídicos de la Diputación, que pagamos todos», ha acusado.

DESDE LA DIPUTACIÓN EVITAN PRONUNCIARSE

Desde la Diputación Provincial se han abstenido de hacer comentarios al respecto, evitando pronunciarse sobre la querella presentada por el Partido Socialista.

Aunque los socialistas señalan que los demás diputados y diputadas, tanto del PP como de DO, que aquel día votaron en la sesión plenaria están llamados en calidad de testigos, «por lo que estarán obligados a decir la verdad ante la justicia».