El BNG ha presentado una batería de enmiendas a los Presupuestos Generales del Estado, que en el caso de la provincia de Lugo se centran «en romper el aislamiento de la ciudad en cuanto a infraestructuras, tanto viarias como ferroviarias».

El parlamentario nacional del BNG, Néstor Rego, ha comparecido en rueda de prensa en la capital lucense para dar a conocer esas «enmiendas» que presentan los nacionalistas a las cuentas del Estado, con unos 300 millones para la conexión Santiago-Lugo.

«Van fundamentalmente centradas en romper el aislamiento de la ciudad en cuanto a infraestructuras, tanto viarias como ferroviarias», ha señalado el diputado de la formación frentista.

En esas enmiendas, se contempla la modernización y electrificación de la línea entre Lugo y A Coruña, y se incorpora otra enmienda de 300 millones de euros para la construcción de la conexión ferroviaria entre Lugo y Santiago de Compostela.

En cuanto a carreteras, Néstor Rego ha precisado que «se adelanta la previsión del gobierno para 2024, para finalizar la construcción de la A-54 (Lugo-Santiago de Compostela) en 2023». «No parece de recibo que se prorrogue esa autovía que lleva 20 años en construcción y también hay que impulsar la autovía Lugo-Ourense», ha reivindicado.

Rego ha suscrito que «estas actuaciones son perfectamente justificadas» y el Gobierno debe de asumirlas «como prioritarias», porque son «fundamentales para el desarrollo social y económico de Lugo y su área de influencia».

«NO SON SUFICIENTES»

En cuanto a Galicia, el parlamentario del BNG ha manifestado que estas cuentas «no son suficientes» para la comunidad autónoma, reparando en que «las inversiones se mantienen para 2023, 1.077 millones de euros que son tres millones más que en 2022».

«Esto se produce en un contexto de presupuestos expansivos, donde suben en la mayor parte de las comunidades autónomas como Madrid, Andalucía o Valencia o suben de forma significativa en Asturias y el País Vasco», ha sentenciado.

Néstor Rego ha recordado finalmente que hay un compromiso, que vincula con la investidura de Pedro Sánchez, para la creación de tres nuevos juzgados de género o de violencia contra la mujer en Galicia, uno de ellos en Lugo.